Faltan funcionarios

En lugar de caminar hacia una administración más ágil y eficaz, en España estamos aprendiendo a hacer lo mismo, o menos, con más personal. Es lo contrario de lo que están haciendo las empresas que están mejorando a la fuerza su eficiencia desde la doble crisis provocada por el coronavirus y la guerra de Ucrania. Resulta incomprensible que con los adelantos tecnológicos, con la reducción drástica de la atención presencial, con el “hágaselo usted mismo a través de Internet”, las administraciones necesiten más personal... ¿para hacer qué?

El incremento del sector público a costa del privado constituye una de las banderas del socialcomunismo allí donde se instaura. En lugar de permitir que la iniciativa privada cree riqueza, el modelo comunista-bolivariano que nos desgobierna apuesta por una sociedad en la que mayoría viva de la teta del Estado. Es la mejor forma de ganar elecciones gracias a los estómagos agradecidos.

Las consecuencias de esa política son que el gasto público se dispara, que los impuestos escalan a niveles de récord (240.000 millones de euros de recaudación en los once primeros meses de 2022, cuando el anterior récord era de 232.000 en los doce meses de 2021) y que la deuda del Estado se vuelve insoportable (está ya muy por encima de los 1.500.000 millones de euros), con lo que se está hipotecando el futuro de dos o tres generaciones.

Lo peor de todo es que en esa bacanal de dispendio público hay provincias que se llevan la parte del león y otras que tienen que conformarse con las migajas, como es el caso de Salamanca.

Empezando por lo más cercano, en el contexto de Castilla y León, la provincia salmantina sigue siendo marginada. Lo fue claramente en los tiempos del burgalés Juan Vicente Herrera, y lo es ahora que gobierna el salmantino Alfonso Fernández Mañueco. La tendencia hacia la centralización de personal y servicios en Valladolid no se ha corregido y la dinámica sigue siendo la misma. Los datos que publicamos hoy en LA GACETA lo confirman: en los últimos seis años la capital vallisoletana ha engordado con 4.100 funcionarios de la Junta, mientras en Salamanca el número solo ha crecido en quinientos. Ocho veces menos, en una de las zonas que más necesita trabajadores públicos para compensar la emigración y la despoblación.

En cuanto a los funcionarios del Estado, con un Gobierno atestado de ministerios y plagado de asesores, en Salamanca las cifras se mantienen estables en torno a los catorce mil puestos, lo cual significa que los salmantinos estamos pagando cada día más para que otras zonas del país disfruten de más funcionarios y mejores servicios. Es el resultado del ninguneo al que estamos sometidos por el sanchismo, que ha dejado a esta provincia fuera de todos los repartos, tanto de sedes oficiales como de fondos de recuperación.

Si esta es la manera como entienden la Junta y el Gobierno central la apuesta por la España vacía, vaciada o despoblada, sería mejor que solicitáramos ya el ingreso en Portugal. Peor no nos iba a ir.