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Cualquier ley que apruebe el Gobierno sanchista-comunista con el apoyo de los proetarras de Bildu y los golpistas catalanes de ERC llega marcada por un evidente tufo de radicalidad. Y la nueva Ley de Vivienda de la ministra Raquel Sánchez no podía ser menos: desde su concepción parece diseñada con el fin de acabar de hundir el mercado, para satisfacción de quienes con tanto ahínco trabajan para traer todo lo peor para España y los españoles.

La limitación de los precios del alquiler que impone la nueva normativa va a desembocar en una fuerte reducción de la oferta y en el encarecimiento de los pisos disponibles para arrendar. No hace falta ser un gurú del urbanismo para pronosticar que los propietarios van a retirar viviendas del mercado para evitar la intervención, por lo que muchos inmuebles se derivarán a la venta o al mercado del alquiler turístico o de temporada, y los precios se van a disparar.

Ya sabemos lo que ha ocurrido tras un año de aplicación del límite del 2 por ciento en la subida del alquiler decretado por el Gobierno: las rentas en las ciudades, entre ellas Salamanca, siguen en máximos históricos y cada vez hay menos oferta y más cara.

La nueva normativa ahonda en ese error en el que ya han incurrido algunas de las grandes capitales europeas, donde el tope al precio del arrendamiento no ha hecho sino agravar los problemas de propietarios e inquilinos. En Berlín o en París, donde se ha aplicado la intervención del alquiler, solo se ha conseguido que estos mercados se hayan tensionado aún más, que la oferta de inmuebles en alquiler haya mermado considerablemente y que haya florecido la economía sumergida.

Estas políticas intervencionistas que han fracaso en los últimos años en Europa son las que va a imponer el Ejecutivo sanchista para provocar el mismo desastre en España. Parece que le han cogido gusto a meter la pata en todos los frentes y no hay ámbito de actividad económica que escape al ímpetu controlador del Gobierno. Solo falta que ponga en marcha la expropiación forzosa por interés social, al estilo bolivariano. Y no es ninguna exageración, porque el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha ya ha iniciado el camino con la nueva Ley de Agricultura Familiar y de Acceso a la Tierra que permite la expropiación si una finca no cumple con una supuesta “función social”.

La nueva Ley, como es costumbre tratándose de Sánchez y sus compañeros de Gobierno, ha sido elaborada sin ningún consenso y sin preguntar a los agentes implicados. A este desastre se suma que la normativa invade las competencias de las autonomías, porque está pensada para impedir que regiones como Castilla y León o Madrid fomenten el incremento de la oferta y faciliten así el acceso de los ciudadanos a la compra o alquiler.

Salamanca ostenta el dudoso récord de tener a la venta las viviendas más caras de Castilla y León. El alquiler en la capital y provincia ya está por las nubes y el precio de la vivienda libre está ya por encima de los 1.800 euros por metro cuadrado de media, un nivel desconocido en la historia. Pero la difícil situación del mercado inmobiliario provincial amenaza con volverse mucho más complicada en cuanto empiece a aplicarse la nueva Ley, no solo porque va a restringir la oferta, sino porque supone un ataque frontal a la libertad de propiedad y la inversión en vivienda. Es lo menos que podía ocurrir cuando los autores del engendro son gobernantes que coquetean con el comunismo y se declaran partidarios de la economía intervenida. Pronto oiremos el “exprópiese” de Hugo Chávez, no lo duden.

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