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Se acaba de publicar un informe, elaborado para la OCDE, cuyo objeto es estudiar la propiedad de las empresas que cotizan en bolsa, en cualquier bolsa del mundo.

Los autores del estudio han analizado 10.000 grandes empresas cotizadas, que en total suman el 90% de la capitalización bursátil global.

Los auténticos dueños de esas grandes empresas son los llamados inversores institucionales (fondos de inversión y de pensiones fundamentalmente), que poseen más del 40% del capital de esas compañías y esta situación plantea problemas muy relevantes.

Serdar Çelik, que es uno de los autores del informe citado, pone algunos ejemplos:

“Cuando los inversores institucionales usan la inversión pasiva basada en índices como estrategia de inversión quizá no tienen el incentivo de estar atentos a las empresas individuales y a facilitar capital a las nuevas para que crezcan. En más de la mitad de las compañías cotizadas los tres mayores inversores acumulan más del 50% del capital.”

Aparte de esta contradicción, que deja sin voz ni voto a los verdaderos propietarios, Çelik apunta a otro posible problema que el informe puede ayudar a analizar más en profundidad:

“En estas condiciones y si hay un alto nivel de concentración de propiedad “institucional”, aumenta el riesgo de abuso de los inversores minoritarios.”

En suma, estos fondos son los mayores propietarios de las grandes compañías. Pero esos inversores no se comportan como propietarios, pues sus fines económicos no giran en torno a la planificación a largo plazo de esas empresas sino en torno a la rentabilidad bursátil a corto. De hecho, los gestores de los fondos se niegan a participar en los consejos de administración de las empresas de las que son propietarios. Y es lógico, porque los gestores de esos fondos defienden, como es su obligación, los intereses de sus suscriptores, que no tienen por qué coincidir con los intereses a largo plazo de las empresas de las que son propietarios. Se crea así un vacío que se suele rellenar a base de “consejeros independientes” y de CEOs que, a menudo, no poseen acciones de las empresas que dirigen. ¿Y cómo se seleccionan esos directivos? Pues, al menos en España, esas designaciones tienen más que ver con la endogamia y el enchufe que con cualquier “mérito y capacidad”.

En resumen: las empresas están en manos de quienes no son propietarios y ello contradice las más elementales reglas del juego económico. Vamos, que sin el ojo del amo el caballo peligra.

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