06 octubre 2022
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El dopaje de los funcionarios

14 ago 2022 / 03:00 H.

    Una de las grandes mentiras que nos inyecta en vena el Gobierno a través de su poderosa red de medios afines consiste en hacernos creer que la economía española va viento en popa porque las cifras de empleo, con rebajas del paro y crecimiento constante de la afiliación, así lo demuestran. El asunto tiene truco, claro. Cada uno de nosotros sabemos por nuestro entorno más cercano que la economía está gripada y que, una vez superada la euforia consumista de las vacaciones de verano, vendrá el duro otoño y el crudísimo invierno.

    La información que publicamos hoy en LA GACETA recoge una de las claves que explican por qué la creación de puestos de trabajo no refleja en realidad un gran dinamismo sino un cambio hacia una economía más dependiendo de lo público. En Salamanca el número de funcionarios está creciendo a un ritmo vertiginoso y la provincia está ya en cifras que recuerdan los tiempos dorados previos a la crisis de 2008. Tenemos casi veinticinco funcionarios, cuando en 2016 teníamos apenas veintitrés mil. Somos cada año que pasa un poco más una provincia de empleados públicos, sanitarios, docentes y funcionarios de la Junta, del Gobierno central, de la Diputación y de los ayuntamientos.

    Hay quinientos empleados públicos más en la provincia, respecto al año pasado, aunque ese aumento se debe sobre todo a los consistorios y a la Universidad, mientras el número de funcionarios del Estado se mantiene y la Junta de Castilla y León es la única que está retirando personal de Salamanca.

    En los últimos tres años, con el Gobierno de Pedro Sánchez, la subida de funcionarios en la provincia se sitúa en el entorno del 5%, una cifra importante, pero que supone justamente la mitad del “empujón” que ha recibido el empleo público en el conjunto de España. El segundo trimestre de 2022 terminó con 3.453.900 funcionarios a sueldo de todo tipos de Administraciones, mientras que en el segundo trimestre de 2018 había 3.117.800 ocupados en el sector público. Es decir, que Salamanca está siendo discriminada por el Ejecutivo sanchista no solo en cuanto a la paupérrima inversión del Estado en los últimos tres años, sino también en la creación de empleo público Y por parte de la Junta, más de lo mismo: llevamos muchos años viendo cómo crecen las plantillas de empleados de la administración regional en Valladolid a la vez que se recorta en Salamanca. Digamos que es una manera “extraña” de combatir la despoblación en una provincia especialmente aquejada por la pérdida de habitantes.

    El caso es que el mercado laboral en Salamanca, y más aún en España, está dopado por el incremento desaforado del empleo público. De esta forma, en nuestro país hemos alcanzado el récord de afiliados a la Seguridad Social, con más de veinte millones, pero el producto interior bruto, la riqueza nacional, todavía no alcanzado ni siquiera los niveles prepandemia, y somos el único en Europa que no lo conseguirá hasta 2024. Eso significa que, con muchos más trabajadores cotizando, estamos produciendo menos que en 2019: hay más empleo a tiempo parcial, se están repartiendo las horas trabajadas y muchos de los puestos de trabajo que se crean son en cualquiera de las muchas administraciones que nos gobiernan.

    Otra consecuencia directa y dañina de esta política de fomento del empleo público es que los gobiernos nacional, regional y locales, necesitan más dinero para sueldos y no hay otra manera de conseguir fondos que apretando la soga fiscal sobre el cuello de los contribuyentes. Así que ya este año el Ejecutivo sanchista batirá el récord absoluto de recaudación de impuestos, por encima de los 230.000 millones de pesetas, en buena parte gracias al efecto de la inflación, y el año próximo será aún peor, porque ante las elecciones a final de 2023 habrá todo tipo de prebendas y regalías para comprar votos.

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