Casado no puede seguir al frente de Sanidad

La trayectoria de errores y deficiencias del departamento que dirige Verónica Casado y que avala el vicepresidente Francisco Igea, da para escribir un libro. Sanidad se opuso con vehemencia a los test de antígenos, aseguró que los test masivos no ayudaban para nada a combatir la pandemia y que lo único que evitaba el contagio eran las medidas de protección. Pero ahora mismo, a la vuelta de unos meses, la misma consejera afirma todo lo contrario y la Junta está emprendiendo una amplia campaña de pruebas masivas en toda la Comunidad.

Casado e Igea comenzaron aplicando medidas por centros de salud, después establecieron cierres perimetrales de pueblos y ciudades y más tarde reconocieron que ese tipo de ‘confinamiento’ no había servido para nada, pero después volvieron a aplicar cierres provinciales y ahora estamos en el momento en que solo vale el perimetraje de toda la Comunidad. Nunca han explicado por qué se pasa de una a otra estrategia, ni se ha ofrecido información sobre los resultados de los diferentes ámbitos.

La Junta ha mudado media docena de veces los criterios y baremos para fijar los distintos niveles de restricción de la actividad económica y la movilidad en Castilla y León. En ocasiones se ha tenido en cuenta el número de contagios a catorce días, pero ahora la referencia es la última semana; durante un tiempo se han basado en los datos ‘consolidados’ (con una antigüedad de al menos cinco días) y desde la semana pasada rigen los no consolidados del día anterior; ahora no se espera a que un nivel de contagio se mantenga durante dos semanas, para bien o para mal, sino que se adoptan medidas en función de la ‘evolución previsible’.

La limitación de aforos ha sido un caos, tanto por las cifras como por los afectados: tan pronto se pasa del 33% al 50% o el 75% como se incluye o se excluye a iglesias, autoescuelas o velatorios, junto a los bares, restaurantes, grandes superficies y gimnasios, que son los habituales ‘paganos’ del ansia restrictiva de la Junta. En las residencias de ancianos se tomaron medidas demasiado tarde y se facilitó poca ayuda a los responsables de los centros, incluso hubo un intento de la Junta de restringir las salidas y las visitas a las personas mayores que el Tribunal Superior de Justicia echó para atrás, como también suspendió el toque de queda aplicado por Igea a sabiendas de su ilegalidad, (rozando la prevaricación) a finales de octubre.

En estos momentos toda Castilla y León está en nivel 4 ‘agravado’, al que han saltado seis provincias ‘de golpe’, sin que el Gobierno regional haya informado de las condiciones para ir rebajando las restricciones, de forma que no se sabe a partir de qué incidencia o de qué porcentajes de ocupación de UCIs y camas hospitalarias se puede avanzar hacia la normalidad.

Junto a ese desbarajuste, se han producido en estos meses fallos muy graves en la gestión de los suministros, que han llevado a que durante semanas no hubieran suficientes PCRs disponibles en Salamanca y a que durante mucho tiempo se hayan comunicado los resultados de las pruebas con enorme retraso (hasta de una semana), dificultando así de forma notable la labor de rastreo.

Los últimos signos de descontrol absoluto en el departamento de Casado han sido la petición al Gobierno de un confinamiento domiciliario de 10 a 14 días para toda la Comunidad (denegado por el ministro Illa, y que la consejera planteó en contra de la opinión de buena parte del equipo que preside Alfonso Fernández Mañueco) después de haber mantenido las medidas más relajadas entre todas las regiones de España durante las vacaciones de Navidad. O el anuncio la semana pasada, con los datos de contagios ya disparados, de que se autorizaba la vuelta del fútbol base, para prohibirlo a los cuatro días, después de haber movilizado a los clubes y de haber ilusionado en vano a miles de niños y niñas.

A mayores, la Junta anunció la semana pasada el mantenimiento del cierre perimetral y el toque de queda desde las 22 horas hasta el 9 de mayo, cerrando así el horizonte de cualquier esperanza para los sectores afectados por las restricciones, cuando lo lógico y sensato hubiera sido explicar que la situación se revisará cada dos semanas y comprometer al mismo tiempo todo el empeño de la Junta para recuperar la actividad social y económica en cuanto la situación lo vaya permitiendo.

Y ayer mismo Sanidad provocó la alarma al incluir en su portal de Transparencia el dato de que se habían disparado los ingresados con coronavirus en el Hospital de Salamanca, de 49 a 93, cuando en realidad eran 53, y no corrigió el dato a pesar de que este periódico informó en su web del preocupante error.

La de Casado está siendo una gestión caótica, desnortada, fluctuante y siempre marcada por la falta de motivación y base científica y estadística de sus decisiones. Una gestión errática, que ha cosechado los peores resultados en la contención de la pandemia y que incluso ha cabreado al colectivo sanitario, que debería haber sido mimado durante la crisis, y que ha machacado a los hosteleros, a los que no les dejaba abrir terrazas cuando hacía bueno y ahora que el frío espanta a cualquier cliente se las permiten, negándoles así la posibilidad de acogerse a las ventajas de un cierre por impedimento.

Es un desastre de tal nivel que la consejera debería presentar cuanto antes su dimisión, o en otro caso ser destituida por el presidente Fernández Mañueco.