Asalto a la Justicia
Resulta muy complicado valorar en su justa medida el alcance del asalto al poder judicial que ha emprendido el Gobierno de Pedro Sánchez porque ha ... metido a España en una deriva autocrática desconocida en nuestro país. Nunca un presidente de la nación y su partido habían arremetido de esta manera contra los jueces, comparándolos con los golpistas del 23-F y con la ultraderecha. Nunca se habían cambiado las reglas de juego democrático por la puerta de atrás, como han hecho el PSOE y sus socios modificando el sistema de elección de los miembros del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Todo con el único objetivo de controlar a los jueces para que den el visto bueno a la deriva separatista de catalanes y vascos.
Semejante ataque está consiguiendo que los españoles empecemos a dudar de nuestra fe en la justicia, que es uno de los principios básicos de la democracia. Y no porque podamos pensar que los jueces actúan al dictado de los políticos, sino porque sabemos que los políticos van a elegir a los magistrados que votarán según sus intereses, aunque lo hagan por convencimiento y en conciencia. Si los socialistas y sus socios nombran a miembros del Tribunal Constitucional que están de acuerdo en permitir un referéndum en Cataluña, no hará falta que les den instrucciones para que faciliten las maniobras de quienes quieren destruir España.
Estamos por tanto en una deriva que pone en peligro los cimientos de la democracia y de la convivencia entre españoles, y todo por el empeño de Sánchez de mantenerse en la presidencia del Gobierno a toda costa y caiga quien caiga.
El Gobierno está tan convencido de que los españoles nos olvidaremos de sus desmanes cuando toque votar que ni siquiera muestra un especial empeño en justificar sus temibles acciones. El argumentario socialista para defender lo que ha ocurrido en el Congreso esta última semana resulta tan pobre como contradictorio. Basta con leer el artículo de David Serrada, secretario provincial y diputado del PSOE por Salamanca, publicado ayer sábado en este periódico, en el que acusaba al PP de no creer que el actual Gobierno de la nación sea legítimo y de pensar que todas las instituciones son suyas. Es justamente lo que está haciendo el Ejecutivo sanchista: negar la legitimidad de la oposición y cambiar las reglas de juego democrático para controlar las instituciones, desde el Constitucional al CGPJ, pasando por la Fiscalía, el CIS, el INE o Televisión Española. Y lo hace con el mayor descaro y siempre con el apoyo de sus impresentables socios parlamentarios.
Ante semejante arremetida, la reacción del principal partido de la oposición está siendo más bien tímida. Alberto Núñez Feijóo se está limitando lanzar declaraciones de condena, acertadas pero insuficientes ante la gravedad de la deriva antidemocrática de Sánchez. El artículo que, junto al de Serrada, publicaba ayer José Antonio Bermúdez de Castro, se quedaba también corto cuando centraba buena parte de sus críticas en las continuas mentiras e incumplimientos del presidente del Gobierno. Ya no se trata solo de que esté haciendo lo contrario de lo que dijo en las elecciones, como señala el diputado del PP por Salamanca, sino que está socavando los cimientos de la democracia para poner España a los pies de los golpistas.
Todo esto lo hace Sánchez porque sus asesores calculan que no nos acordaremos de sus fechorías cuando toque votar, igual que ya casi nos hemos olvidado de su desastrosa gestión de la pandemia, de los indultos a los golpistas o del acercamiento de los peores asesinos etarras a cárceles del País Vasco. Más nos vale a todos que se equivoquen.
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