El PP subraya que «el caso ERE existió» y pide una «condena» del Congreso a las «acciones políticas» que lo facilitaron

El Grupo Popular en el Congreso de los Diputados ha registrado una proposición no de ley (PNL) para su debate en el Pleno en la que subraya que el caso de los expedientes de regulación de empleo ERE fraudulentos «existió», y pide una «condena» de la Cámara baja a las «acciones políticas» que lo «facilitaron».

Así se puede leer en el texto de esta iniciativa parlamentaria del PP relativa a «la condena del fraude millonario de dinero público producido en la Junta de Andalucía entre 2000 y 2009«, registrada tras las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que entre los pasados meses de junio y julio estimaron parcialmente recursos de amparo de una decena de ex altos cargos de la anterior etapa de administración socialista en la Junta condenados en este caso, entre quienes figuraban los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

En concreto, el PP quiere con esta PNL, que el Congreso de los Diputados condene y repruebe «las acciones y decisiones políticas que facilitaron y favorecieron el uso fraudulento de millones de euros públicos a través de la deliberada eliminación de controles a la gestión de los fondos para ayudas sociolaborales manejados por la entidad denominada primero Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y posteriormente Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) en la década transcurrida entre los años 2000 y 2009».

En la exposición de motivos para justificar esta iniciativa, el PP alude a la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que, el 19 de noviembre de 2019, «condenó a diversos miembros del gobierno de la Junta de Andalucía a diversas penas por el llamado 'caso de los ERE'«, y que fue posteriormente confirmada --en septiembre de 2022-- por el Tribunal Supremo (TS) tras haber sido recurrida en casación.

«Ambas sentencias presentaban, fruto de una ingente instrucción, un sólido conjunto de hechos probados que acreditan la existencia de un sistema de pagos de ayudas sociolaborales a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) desprovisto de cualquier tipo de control», remarca el PP en la PNL que ha elevado al Congreso.

Desde el Grupo Popular subrayan que «las sentencias acreditan también que la tramitación de cientos de millones de euros públicos a través de estos mecanismos carentes de procedimiento administrativo alguno permitió la inclusión de beneficiarios que no habían pertenecido a las empresas teóricamente ayudadas, facilitó que se siguiesen percibiendo estas rentas tras haber dejado de cumplir los teóricos requisitos, o incluso avaló el uso de estos fondos para fines completamente ajenos a las ayudas sociolaborales«.

Este «sistema» --continúa exponiendo la iniciativa del PP-- «se institucionalizó de forma progresiva para superar diversos obstáculos que los mecanismos de control interno de la administración autonómica fueron advirtiendo», de modo que, «para evitar informes negativos de estos órganos se tramitaron primero modificaciones presupuestarias, después un convenio marco jamás publicado ni informado por los servicios jurídicos y, finalmente, una ocultación de estas ayudas en una partida presupuestaria de transferencias de financiación al IFA que posibilitaba que estos expedientes de gasto no fuesen objeto de la fiscalización necesaria».

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