Las 35 horas para los funcionarios de Castilla y León, más lejos

Igea ha informado de que la Junta convocará la próxima semana a los sindicatos firmantes del acuerdo de la Función Pública para “estudiar” la posibilidad de aplicar las 35 horas semanales “a lo largo de la presente legislatura”, una medida que será remitida también al Ministerio de Hacienda en el plan de ajuste que prepara el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco ante las advertencias de incumplimiento del objetivo de déficit del 0,1 por ciento y del gasto que el portavoz ha situado en concreto en el capítulo 1.

Francisco Igea ha evidenciado que esos 120 millones de euros tendrían un “evidente impacto” sobre el déficit por lo que ha insistido en la necesidad de remitir la medida al Ministerio para que se pronuncie al respecto.

En este sentido, ha sido tajante al asegurar que la Junta de Castilla y León “nunca” engañará a los funcionarios públicos con la inminente puesta en marcha de medidas para reducir la jornada que podrían ser corregidas dos meses después por el Ejecutivo central en funciones, al que ha reclamado una vez más los 440 millones que tiene que ingresar a la Comunidad en concepto de entregas a cuenta.

“Que nos ingrese lo que nos debe”, ha reiterado Igea, que ha recordado que el PSOE de Castilla-La Mancha ha votado a favor de la iniciativa del parlamento castellanomanchego para reclamar las citadas entregas a cuenta a diferencia, ha lamentado, del PSOE de Castilla y León a los que ha afeado estar “a otras cosillas” como el apartamento de las Cortes sin respaldar una “postura de Comunidad”. “Este es el PSOE de Castilla y León que tenemos”, ha exclamado.

“La cuadratura del círculo es imposible (...) podemos intentar engañar a todo el mundo durante un rato pero no todo el rato”, ha manifestado Igea para quien “lo más sensato” en este momento es remitir todas las “medidas correctoras” al Ministerio de Hacienda junto al plan de estabilidad financiera.

En este sentido, ha garantizado que el Gobierno autonómico asegurará el funcionamiento de los servicios público por lo que centrará los esfuerzos correctores en “todo aquello que sea más prescindible” y ha preguntado a los socialistas Luis Tudanca y Óscar Puente si tienen “una fórmula mágica” para reducir la jornada sin percibir esos 440 millones.

Igea ha advertido de las consecuencias de la ausencia de un gobierno estable y ha cargado contra la “absoluta irresponsabilidad” del presidente en funciones, Pedro Sánchez, por no haber logrado un acuerdo para constituir un Ejecutivo y para aprobar unos presupuestos generales para el país por lo que ha augurado que las próximas cuentas de Castilla y León, pendiente aún de conocer datos concretos, podrían estar listas a mediados de año.

Por otro lado, los sindicatos UGT y CCOO en Castilla y León muestran su total desacuerdo ante la posición de la Junta de Castilla y León, anunciada por el portavoz de la misma tras el Consejo de Gobierno, en cuanto a que ve “poco probable” que se lleve a cabo la implantación de la jornada de las 35 horas semanales para las personas empleadas públicas de la Administración autonómica.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, prorrogada para 2019, establecía que solo podrán volver a la jornada de 35 horas las Administraciones que hayan cumplido los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto.

La notificación oficial manifestaba el cumplimiento por parte del Gobierno de Castilla y León de los tres objetivos, por lo que las partes firmantes (Junta y organizaciones sindicales) acordaron “recuperar la jornada laboral de 35 horas volviendo a la situación previa a la entrada en vigor de la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, con lo que la implantación efectiva de la jornada de 35 horas se realizaría a partir del 1 de junio de 2019.

Por lo tanto, ambos sindicatos, a través de un comunicado, advierten de que la recuperación de las 35 horas no se vincula a los presupuestos sino al cumplimiento de déficit, deuda y regla de gasto de 2018.

Para CCOO y UGT, la posición de la Junta de Castilla y León supone un “flagrante incumplimiento, ya que no respeta el acuerdo firmado con Función Pública y el consejero de Presidencia del Gobierno del PP el pasado mes de mayo. El Gobierno autonómico tiene la obligación de cumplir lo firmado con los representantes sindicales de sus empleados”, insisten, de ahí que consideran inaceptable que el Ejecutivo autonómico se escude en la ausencia de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para incumplir lo que firmaron.

“Esta ausencia no es ningún impedimento para que se elaboren unos presupuestos autonómicos, tal y como se está llevando a cabo en otras comunidades autónomas, e incluso como ha sucedido en los Presupuestos de 2018 que se aprobaron sin existir unos PGE”, añaden.

Por ello, si el Gobierno de Fernández Mañueco, “desaparecido por el momento”, no rectifica y sigue adelante con el incumplimiento del acuerdo firmado, los sindicatos advierten de que continuarán con las movilizaciones.