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La Diputación se ha plantado y no está dispuesta a solicitar que la Lonja Agropecuaria de Salamanca sea considerada “de referencia” si, como aparece en el Decreto publicado ayer en el Boletín Oficial de Castilla y León -BOCyL- debe dejar de ser pública. Javier Iglesias, presidente de la Diputación, ya ha manifestado que considera imprescindible mantener la transparencia de la Lonja de Salamanca y para ello considera esencial que los agricultores y ganaderos puedan estar presentes en los debates, como ocurre ahora, igual que los medios de comunicación. Así se lo han manifestado en varias ocasiones representantes de la institución que preside -entre ellos el diputado de Agricultura y Ganadería, Julián Barrera- a la directora general de la Cadena Alimentaria de la Junta, Gemma Marcos. Sin embargo, en el artículo 11 apartado “f” del Decreto publicado ayer se determina que el acceso de las reuniones estará limitado a los miembros que operan en ellas, salvo circunstancias excepcionales.
La directora general Gemma Marcos había insistido en las reuniones con representantes de la Diputación en que la privacidad es imprescindible, mientras que desde La Salina esto no se entiende cuando precisamente el objetivo que se busca para establecer las lonjas y mercados de referencia es la transparencia. La Diputación entiende que los agricultores y ganaderos deben conocer los argumentos que llevan a los vocales a proponer las cotizaciones para los distintos productos y huir del secretismo.
El Decreto publicado el lunes por la Junta abre la puerta a que una serie de mercados y lonjas sean considerados “de referencia”, lo que significa como beneficios que en sus comunicaciones pueda utilizar “Lonja de Referencia” o “Lonja de Referencia de Castilla y León”; tener el asesoramiento técnico de la Junta; y acceso a posibles ayudas “que puedan promoverse”. Al pertenecer a la Diputación estas ventajas no son tan relevantes como para otras lonjas.
Como obligaciones, la Junta se garantiza información sobre la Lonja al pedir al cierre de cada ejercicio la relación de socios y mesas; memoria económica y social anual; comunicación de toda modificación que afecte al reconocimiento; y documentación de la actividad significativa de cada miembro de la mesa.
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