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La Unidad de Seguridad y Protección Aérea de la Policía Nacional de Ávila junto con la Patrulla Verde de Policía Local de Ávila, realizaban un operativo conjunto logrando identificar y denunciar a un piloto que volaba una aeronave no tripulada —un dron— sin las pertinentes comunicaciones y autorizaciones en Ávila, poniendo en grave riesgo las operaciones aéreas que garantizaban la seguridad ciudadana.
Los hechos ocurrieron el pasado 21 de marzo durante la emergencia de nivel 2 decretada por la Junta de Castilla y León por el desbordamiento de los ríos Chico y Adaja y por posibles inundaciones en la provincia, creándose un puesto de mando avanzado (CECOPI) y desplegándose Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Local, Protección Civil y Bomberos, con diferentes medios aéreos y terrestres, detectándose el vuelo de una aeronave no tripulada (UAS) incumpliendo la normativa vigente al tratarse de un entorno urbano y zona declarada de emergencia, dificultando y poniendo en grave riesgo las operaciones NO EASA realizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La persona denunciada realizaba los vuelos con un dispositivo de gafas de visión colocado a la altura de los ojos y un joystick para pilotaje y manejo de drones tipo FPV, sin alcance visual del dron y sin utilización de observadores situados junto al piloto. Los vuelos realizados por el denunciado eran publicados en una plataforma de internet que permite a los usuarios subir, ver y compartir vídeos, creando un canal por el mismo con contenido de grabaciones aéreas por la ciudad de Ávila y provincia, posiblemente todos ellos sin ningún tipo de autorización, ni declaración responsable en zonas protegidas del término municipal de Ávila, concretamente en anejos de la capital con protección establecida por la red Natura 2000, como zona ZEPA - Zona de Especial Protección de Aves, haciendo los vuelos a escasos metros de los nidos de cigüeñas anidados en las iglesias, con la consiguiente molestia que se puede producir a las aves que en ese momento se encontraban en sus nidos en plena época de reproducción.
El denunciado se enfrenta a sanciones por no cumplir con la normativa de Seguridad Aérea ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), comprendidas entre los 60 a los 225.000 euros, siendo las leves de 60 a 45.000 euros, las graves de 45.001 a 90.000 euros y las muy graves de 90.001 a 225.000 euros, sin incluir las sanciones establecidas por los vuelos en entorno protegido por la Zona de Especial Protección de Aves – ZEPA, sancionable por la Gerencia de Medioambiente de la Junta de Castilla y León y la carencia de los registros previos de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, sancionable por la Subdelegación de Gobierno.
La popularidad adquirida por estos dispositivos ha crecido de manera importante en los últimos años y la Policía Nacional recuerda que el uso de aeronaves no tripuladas en entornos urbanos o próximos a infraestructuras criticas requiere planificación y coordinación previos con los organismos competentes, y reitera su compromiso con la seguridad ciudadana y la protección del espacio aéreo, para no incurrir en conductas prohibidas, y por lo tanto, sancionables en el ámbito administrativo. Los requisitos vienen recogidos en las normas legales: Real Decreto 517/2024 que regula la utilización civil de sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS), Y Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, art. 36.2, que ordena la comunicación previa a la Autoridad Gubernativa de cualquier operación con drones.
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