Otra pelea en Topas acaba en juicio: un preso acaba con 17 grapas en un brazo tras ser atacado por un reincidente
La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel por un delito de lesiones. El caso se verá este lunes en Penal 1 en plena polémica por la falta de medios y personal en la prisión salmantina
SALAMANCA
Sábado, 26 de julio 2025, 06:15
El Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca acogerá este lunes, 28 de julio, el juicio contra un recluso acusado de herir con un objeto punzante a otro preso durante una pelea en el módulo 11 de la cárcel. Los hechos ocurrieron el 30 de mayo de 2021 sobre las 10:00 horas.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el acusado, S.R.A., participó en un altercado entre varios internos, y en el transcurso de la pelea agredió a uno de ellos con un objeto no determinado, causándole una profunda herida en el brazo. La víctima sufrió una herida de 12 centímetros en el brazo izquierdo que requirió cirugía con 17 grapas y diez días de curación. Le ha quedado una cicatriz de 11 centímetros.
El acusado también resultó lesionado, aunque no se ha podido determinar quién le causó esas heridas. S.R.A. cuenta con un amplio historial delictivo: dieciséis antecedentes penales por delitos de atentado, daños, amenazas, lesiones y otros.
Por estos hechos, el Ministerio Fiscal solicita que se le imponga una condena de dos años y seis meses de prisión por un delito de lesiones, así como el pago de una indemnización a la víctima de 654 euros por los días de curación y 3.500 euros por las secuelas.
El juicio llega en un momento especialmente tenso en la prisión salmantina, donde los sindicatos han vuelto a alzar la voz por el aumento de la violencia y la sobrepoblación.
Una situación «insostenible»
De hecho, el sindicato ACAIP-UGT ha vuelto a denunciar esta semana la situación «insostenible» que atraviesan los trabajadores del centro penitenciario de Topas. En una reunión mantenida este mismo jueves con el diputado salmantino David Serrada, portavoz del PSOE en la Comisión de Interior del Congreso, exigieron medidas inmediatas para frenar la escalada de agresiones, como la dotación de chalecos antipinchazos, más personal en los módulos conflictivos y la paralización del traslado de internos de otros centros.
Los representantes sindicales reclaman además que los funcionarios de prisiones sean reconocidos como agentes de la autoridad, y que se modifique el protocolo de agresiones para que no sea un simple instrumento estadístico, sino una herramienta de prevención con respaldo psicológico y jurídico para los trabajadores agredidos.
