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Jueves, 8 de abril 2021, 22:53
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Un recluso del centro penitenciario de Topas se enfrentará este mes a una condena de cuatro años de prisión que le pide la Fiscalía por un delito contra la salud pública por tráfico de drogas como consecuencia de los hechos ocurridos en el mes de diciembre de 2019 cuando expulsó doce bellotas y dos envoltorios con cannabis y heroína, pero también y por increíble que parezca dos teléfonos móviles.
Según relata el fiscal en su escrito de calificación provisional, al que ha tenido acceso LA GACETA, los hechos tuvieron lugar el 12 de diciembre de 2019 por la tarde, alrededor de las 19.00 horas.
El acusado, de iniciales J.M.M. y que se encontraba al menos por aquel entonces ingresado en el centro penitenciario salmantino, concluyó un vis a vis con su familia y fue requerido para ser sometido a un cacheo y posterior exploración radiológica.
Ante ello y de manera voluntaria, señala el fiscal, el recluso expulsó de su recto un total de doce bellotas y dos envoltorios que contenían droga, así como dos teléfonos móviles.
Posteriormente fue analizada la sustancia, que resultó ser cannabis y heroína, con un peso total de 112,92 gramos el cannabis y de 3,2 gramos la heroína.
Según prosigue el fiscal en su escrito de calificación provisional, el acusado portaba en su organismo las sustancias con la finalidad de introducirlas en el centro penitenciario y distribuirlas posteriormente a terceras personas.
La droga ocupada alcanzaría en el mercado un valor de 39 euros en el caso de la venta al por mayor de la heroína y de 189,89 al menudeo; en el caso del cannabis, el valor sería de 187,10 euros al por mayor y de 661,71 por gramos.
J.M.M. ha sido condenado en una treintena de ocasiones anteriores, aunque según detalla el fiscal, sus antecedentes no son computables a efectos de reincidencia.
Por tales hechos, el fiscal le acusa de un delito contra la salud pública, en la modalidad de drogas que causan grave daño a la salud, delito que el Código Penal castiga en su artículo 368 con penas de 3 a 6 años de prisión y multa del triple del valor de la droga.
En su caso le pide una pena de cuatro años de prisión y el pago de 1.800 euros de multa, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de tres meses, así como el pago de las costas del juicio.
La Audiencia Provincial de Salamanca ha señalado la vista oral contra J.M.M. a partir de las 13.00 horas del próximo día 22 de abril.
Según los datos proporcionados por el Ministerio del Interior, el año pasado, en la cárcel de Topas se descubrieron en una década, entre 2009 y 2019, un total de 1.115 móviles clandestinos, todos ellos fueron confiscados.
Cada año se requisan en torno a 1.500 móviles en las cárceles españolas, un 90 por ciento de los cuales son ‘mini-móviles’.
Según manifestaban fuentes del sindicato penitenciario Acaip en agosto de 2019, año en que fue detectado el recluso que será juzgado el próximo día 22, en muchos de los casos son los propios familiares de los reos los encargados de colar los móviles diminutos en prisión. “Son prácticamente todo plástico y tienen pocas piezas de metal, por lo que son más sencillos a la hora de pasar por el arco”, explicaba entonces un funcionario del penal salmantino.
Su diminuta medida no guarda relación con el precio que estos terminales pueden alcanzar dentro de la prisión. “Si fuera cuestan 20 euros, dentro pueden costar 200 o 300, además de lo que cuesta cada llamada, ya que también se pagan”, comentaba asimismo el trabajador.
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