La juez investiga a un funcionario de Topas por presunta agresión sexual a una reclusa en el penal

La titular del Juzgado de Instrucción número Tres de Salamanca investiga a un funcionario del centro penitenciario de Topas por un presunto delito de agresión sexual continuado contra una interna. Los hechos habrían ocurrido entre septiembre de 2023 y enero de 2024, y la gravedad del caso ha llevado ya a la transformación del procedimiento en abreviado, paso previo al más que posible juicio.

Según consta en el auto judicial al que ha tenido acceso LA GACETA, el funcionario, que prestaba servicio en el módulo donde la interna desarrollaba labores en el economato, habría aprovechado su posición para obligarla, al menos una vez por semana, a dejarse tocar con ánimo libidinoso en zonas íntimas como pechos, glúteos y vagina. También la habría forzado a masturbarle e intentado que le practicara una felación, aunque esta última se negó.

El relato de la denunciante se vio reforzado por una prueba biológica clave: en uno de los episodios, la víctima consiguió recoger restos de semen tras una masturbación. Las muestras fueron remitidas al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que cotejó los marcadores genéticos con el perfil del investigado. Los resultados ofrecidos por los especialistas hay coincidencia plena entre el ADN hallado y el del funcionario, según recoge el auto dictado por la juez.

La instrucción ha determinado que existen indicios suficientes para presumir que el investigado se aprovechó de su posición de autoridad y del contexto de especial vulnerabilidad de la víctima. Todo ello, presuntamente, dentro del recinto penitenciario y con una periodicidad constante.

La juez de Instrucción número Tres ha dejado constancia en una resolución posterior de un error formal en la identificación inicial de la denunciante, subsanado ya en el auto definitivo de transformación, en el que se señala expresamente que la reclusa es la autora de la denuncia y víctima de los hechos.

Según informan fuentes del caso a este diario, mientras ella se ha ratificado ya en la denuncia, el funcionario se ha acogido por el momento a su derecho a no declarar.

Fuentes penitenciarias consultadas señalan que ante este tipo de casos, en cuanto la Administración Penitenciaria tiene conocimiento de un hecho que puede tener relevancia penal, se da traslado inmediato al Juzgado y se pone en conocimiento de la Inspección Penitenciaria.

A partir de ahí, se abre un procedimiento interno que queda supeditado al transcurso del procedimiento judicial.

Por otro lado, se toman las decisiones oportunas para atender a la persona denunciante.

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