Una funcionaria de la Junta y su hermano, a juicio en Salamanca por falsear 247 registros sin papeles ni tasas

Una funcionaria de la Junta de Castilla y León y su hermano, ingeniero industrial y proyectista de instalaciones, se enfrentan a graves acusaciones por un presunto fraude en el ámbito de la seguridad industrial que se habría prolongado durante más de una década. Según sostiene la Fiscalía en su escrito de calificación provisional, ambos habrían llevado a cabo un entramado de registros irregulares en el sistema REIX (Registro Electrónico de Instalaciones de Seguridad Industrial), dependiente del área de Industria y Energía del Gobierno autonómico.

Entre abril de 2005 y mayo de 2018, la funcionaria habría tramitado un total de 247 inscripciones en este sistema, prácticamente todas sin aportar la documentación exigida por la normativa vigente. Además, en un número significativo de los expedientes ni siquiera se pagaron las tasas correspondientes, lo que, según los cálculos del Ministerio Público, provocó que la Administración regional dejara de ingresar un total cercano a los 8.000 euros.

La Fiscalía considera que la acusada abusó de su condición de funcionaria para introducir los datos en el sistema de forma aparentemente legítima, pese a carecer de respaldo administrativo, técnico o económico.

El escrito añade que su hermano participó directamente en buena parte de estas instalaciones. Aunque actuaba como ingeniero y proyectista, no consta documentación técnica en la mayoría de las actuaciones que realizó. Numerosos clientes le abonaban directamente a él las tasas correspondientes sin que estos pagos se canalizaran oficialmente a través de la Junta. Es decir, las tasas se cobraban pero no se ingresaban. En algunos boletines, además, se falsearon datos, lo que refuerza la acusación de falsedad documental.

Por estos hechos, el Ministerio Público solicita para la funcionaria 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa, y una pena de 4 años, 6 meses y un día de prisión por un delito de falsificación de documento público u oficial, además de 15 meses de multa. Para su hermano pide exactamente las mismas penas por esos dos delitos, con el añadido de otros dos años más de prisión por un delito continuado de estafa, al entender que cobró de forma directa a particulares sin tramitar los ingresos públicos debidos.

El procedimiento, instruido en los juzgados de Salamanca, es de especial complejidad por la acumulación de documentación, ya que el procedimiento alcanza los 12.000 folios y recoge actuaciones repartidas a lo largo de 13 años. Este lunes tuvo lugar en la Audiencia Provincial de Salamanca una audiencia preliminar, en la que, entre otras cosas, se plantearon por parte de la defensa varias cuestiones de nulidad, aún pendientes de resolución. El caso sigue por tanto sin fecha definitiva para la celebración de la vista oral, a la espera de que el tribunal resuelva sobre la validez del procedimiento.

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