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SALAMANCA
Martes, 16 de enero 2024, 06:15
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A.C.H., el reincidente acusado de estafar a una empresa cárnica de Béjar y a un taxista que durante dos semanas le trasladó desde la ciudad textil hasta Cáceres e incluso hasta Luarca (Asturias) fue juzgado este lunes por el primero de los dos asuntos de los que se le acusa, respecto al que manifestó que ahora está preso por otras cosas que ha hecho, pero por las que no ha hecho, reiteró, «no va a pagar». La Audiencia Provincial de Salamanca preveía celebrar este lunes los dos juicios contra él, por los que la Fiscalía le pide más de ocho años de cárcel, en ambos casos por delitos de estafa. El primero se prolongó hasta entrado el mediodía y el segundo tuvo que suspenderse 'sine die'.
El acusado comenzó exponiendo que respecto a la presunta estafa cárnica, el administrador de la empresa Gourmet Extremadura S.L., también acusada, le ofreció mientras cumplía el tercer grado en el Centro de Inserción Social (CIS), dependiente de prisión, hacerle un contrato de trabajo, necesario para que pudiera salir para trabajar y volver solo a dormir al centro.
Aseguró que cuando empezó a trabajar como empleado de la empresa, esta ya había generado deudas y negó haber contactado nunca con la empresa bejarana afectada para hacerle pedido alguno, entre otras cosas porque en prisión, dijo, «no nos dejan tener teléfono». Algo contradictorio, porque él mismo habría aportado al menos uno de los números de teléfono que obran en autos en el Juzgado de Instrucción como su teléfono de contacto. Y respecto a los pedidos, «tampoco concuerda», dijo, asegurando que él nunca ha llevado cheque alguno a ningún lado, ni factura, ni los ha firmado y es más, aseguró: «Tuve que pagar 1.000 euros al carnicero de mi bolsillo» porque así se lo pidió el tío del administrador único de la empresa acusada, al que conocía de prisión y gracias al que le habían contratado. Eso sí, dejó claro también que a día de hoy aún no ha cobrado las nóminas que debían haberle abonado.
Incurrió en contradicciones y errores, hasta el punto de que su propio abogado le corrigió, quedando finalmente el juicio visto para sentencia.
Por su parte, el también acusado A.K., administrador único de la empresa cárnica para la que habría empezado a trabajar A.C.H. para tener contrato y salir de día del CIS, dijo sentirse también una víctima. La fiscal pide a la empresa Gourmet Extremadura S.L. el pago solidario, junto con A.C.H., de los 41.000 euros estafados, 130.000 de multa y la disolución de la persona jurídica.
«Teníamos un carnicero y una dependienta» y fue A.C.H., asegura, quien los seleccionó y habló con ellos desde prisión, por teléfono, dice, además él mismo le dio el talonario de pagarés y cheques que utilizó para las estafas, aunque ahora lo niega al igual que lo de que tuviera móvil en prisión.
En un pueblo tan pequeño no hay tantas vecinos para consumir toda la carne que supuestamente el acusado adquirió y que «nunca llegó a la carnicería», dijo, simplemente porque tras recibirla la vendió a un precio inferior, tal y como declaró por su parte el representante legal de la empresa estafada.
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