17 julio 2019
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El grupo acusado de vender droga en su ‘búnker-fumadero’ de Pizarrales se enfrenta a 19 años de cárcel

La Audiencia ha tenido que suspender el juicio dos veces: por la incomparecencia de dos testigos clave y por la del perito de drogas

16 jun 2019 / 22:07 H.

En el año 2017, los agentes de la Policía Nacional desmantelaban un grupo que supuestamente se dedicaba a vender drogas y otras sustancias estupefacientes en su domicilio de la calle La Moral (Pizarrales), una vivienda dotada de las máximas medidas de seguridad, en la que vendían las sustancias a sus clientes, algunos de los cuales incluso las consumían acto seguido en el garaje que tenían habilitado como ‘fumadero’.

Después de dos suspensiones anteriores -la primera por la incomparecencia de dos testigos clave y la segunda por la del perito de drogas-, el tribunal de la Audiencia Provincial de Salamanca ha vuelto a señalar para la mañana de este lunes, a partir de las 9.30 horas, el juicio contra los cuatro acusados en todos los casos por delitos de tráfico de drogas: J.F.M., E.J.C.R. y la mujer I.N.C. se enfrentarán a una pena de cinco años de prisión cada uno en su calidad de reincidentes, y J.M.M. a una pena de cuatro años. La Fiscalía solicita además para cada uno de ellos el pago de una multa de 1.380,90 euros con una responsabilidad civil subsidiaria en caso de impago de 20 días.

La incomparecencia del perito de drogas desencadenó la suspensión del juicio contra los cuatro acusados por estos hechos el pasado 25 de marzo al apreciar la abogada que lleva la defensa de todos ellos importantes irregularidades en el informe pericial. Según explicó ella misma al tribunal, donde constan gramos debería constar miligramos. Por ello pidió la suspensión del juicio hasta que el perito se recuperase y pudiese comparecer en el acto del juicio oral.

Pese a la oposición de la fiscal respecto a esta petición de suspensión, al considerar que lo importante no es la cantidad sino las pastillas decomisadas, la Audiencia se pronunció a favor de la suspensión y aplazó el juicio hasta este lunes.

La operación se remonta a febrero del año 2017 cuando, según mantiene la fiscal que lleva el caso, la Policía Nacional culminó la operación con un registro en la vivienda durante el que no se halló demasiada droga, 8,46 gramos de resina de cannabis y unas 90 pastillas de alprazolam -un ansiolítico-, además de dinero y diversos efectos para la manipulación y el consumo de las drogas, lo que motivó las detenciones.