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Salamanca
Martes, 14 de enero 2025, 06:00
La Audiencia Provincial de Salamanca ha señalado para este mes de enero el juicio a la responsable de la agencia de viaje de la avenida de Comuneros detenida en septiembre de 2023 por quedarse con el dinero de un grupo de clientes para un viaje que hubo de suspenderse con motivo de la pandemia. La Fiscalía le pide un año de prisión por un delito de apropiación indebida que la acusación particular eleva a seis años al calificar los hechos como un delito de estafa. En ambos casos le piden además la correspondiente indemnización para los afectados.
El tribunal ha señalado el juicio a M.P.V.S. para el próximo día 29, según ha podido saber LA GACETA.
Según recoge la Fiscalía en su escrito de calificaciones provisionales, la acusada regentaba en el año 2019 la agencia de viajes OCV Viajes y Congresos, situada en el número 68 de la avenida de Comuneros de Salamanca.
Una mujer contactó entonces con la acusada y contrataron un viaje que consistía en un circuito por París y los Países Bajos por un precio de 1.775 euros por pareja -esta mujer, su marido, junto con otros cuatro matrimonios amigos-. Es decir, un total de cinco parejas, cada una de las cuales abonó el importe antes citado (1.775 euros).
La fecha de salida del viaje estaba fijada para el día 18 de mayo de 2020. Sin embargo y con motivo de la pandemia de la covid, el viaje se suspendió.
Los denunciantes iniciaron entonces conversaciones con la acusada y esta les propuso retrasar el viaje si bien iba a ser más caro y cada pareja debería abonar 195 euros más, cosa que hicieron.
Se volvieron a poner varias veces en contacto con la acusada para concretar el viaje abonado y esta les empezó a dar largas, hasta que los perjudicados le pidieron que les devolviera el dinero, momento en que la acusada dejó de contestar al teléfono y al personarse en la oficina de la agencia comprobaron que esta estaba ya cerrada.
Precisa la Fiscalía que la acusada, pese a que el viaje no se realizó, hasta la fecha no ha devuelto cantidad alguna a los denunciantes.
La Fiscalía califica los hechos como un delito de apropiación indebida por el que le pide un año de prisión y 1.970 euros de indemnización a cada una de las parejas.
Por su parte la acusación particular le pide seis años de prisión al considerar que los hechos son constitutivos de un delito de estafa, así como indemnizaciones que oscilan entre los 1.850 euros y los 2.165 para cada una de las parejas afectadas y 500 euros en concepto de daños morales para cada uno de ellos al haberse frustrado sus expectativas de los viajes y por el sufrimiento, inquietud, zozobra y ansiedad derivadas. Hace constar en su calificación provisional que M.P.V.S. es responsable civil directa.
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