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Con más de 44.828 toneladas depositadas al año en los contenedores de basura domiciliaria de la capital del Tormes, el principio de «quien contamina paga», en el que se sustenta la política europea y la nueva normativa nacional de residuos, suena a reto imposible. Pero más aún cuando se le plantea a un municipio pequeño sin apenas recursos y que ya pasa serias dificultades para que los residuos que generan sus vecinos lleguen al centro de tratamiento de residuos urbanos.
Ante esta legislación que, si bien no impone que desde el 10 de abril de 2025 se implanten ya «sistemas de pago por generación, sí obliga a dar pasos para su paulatina incorporación, son diferentes las fórmulas que se están planteando o ya están en marcha para medir cuánta basura genera cada ciudadano u hogar. Para poder hacerlo, es clave poder identificar a quien genera cada residuo. Esto resulta más fácil en aquellas ciudades o municipios con sistemas de recogida puerta a puerta o en los que cada vivienda o edificio cuenta con un contenedor específico. No ocurre así en Salamanca, con lo que cualquier posible medición se complica aún más.
Es la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona uno de los territorios más innovadores de España. Tras una prueba piloto en 2018, hace tres años comenzó a implantar un sistema de apertura de contenedores con tarjeta electrónica. Inicialmente los vecinos abrían los depósitos marrón y gris —de materia orgánica y resto, respectivamente— con una llave universal y anónima. Esta se ha ido sustituyendo de forma paulatina por una tarjeta electrónica o una app móvil asociada a cada dirección que permite registrar los datos de su utilización con el objetivo de obtener datos de uso. Sin embargo, en 2023 esta unión de municipios recibió un tirón de orejas por parte de la Agencia Española de Protección de Datos por recabar estos datos cuando el objetivo no era sancionar ni medir la basura que generaba cada domicilio. Tras una modificación en la ordenanza, volverá a utilizar los datos de las tarjetas para cumplir con ese objetivo europeo de que cada vecino pague por lo que contamina.
También en la ciudad Arhem se utiliza un sistema similar. Según explica un estudio del Observatorio de la Fiscalidad de los Residuos, los vecinos de esa localidad de Países Bajos son responsables de llevar la fracción resto a unos contenedores soterrados del barrio, que tienen un sistema de control de acceso. Para abrirlos usan una tarjeta que registra todas las veces que un hogar utiliza un contenedor.
Pero este no es el único sistema de pago por generación. En la capital de Corea del Sur el sistema para recoger los residuos alimentarios se basa en el control de su peso. Emplean cuatro métodos. Por un lado, los vecinos solo pueden usar unos contenedores designados, también deben emplear bolsas de plástico específicas y prepagadas, y los contenedores llevan un chip o un cierre controlado que permite detectar quien deposita los residuos en ellos.
Otras tecnologías que se ofrecen ya a los municipios son contenedores con cámara volumétrica o con sistema de pesaje incorporados, dos sistemas para medir la cantidad de residuos depositados pero que necesitan complementarse con otros que identifiquen a cada usuario. En algunas regiones italianas, por ejemplo, las administraciones locales facilitan a los vecinos las bolsas específicas que deben usar para los diferentes tipos de residuos y les suministran un número limitado al mes, de tal forma que, si necesitan más porque han generado más basura, deben pagar por ellas. Este sistema exige una recogida puerta a puerta o que cada domicilio o edificio cuente con un contenedor exclusivo. No obstante, estos depósitos tienen que localizarse en lugares a los que solo tengan acceso los vecinos del inmueble. Ninguno de esos sistemas se plantea de momento en Salamanca. Ni en la capital ni en el resto de municipios.
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