La treta de Vox para 'blindar' veinte símbolos franquistas cae en saco roto

Al igual que en Valencia y Andalucía, el grupo parlamentario de Vox en las Cortes Castilla y León inició un proceso para intentar «blindar» la simbología franquista que pervive en los edificios de toda la Comunidad. La treta, la misma que el exalcalde Julián Lanzarote utilizó para intentar «acorazar» el Archivo de la Guerra Civil, ha caído, al menos de momento, en saco roto. A finales de 2022 los once procuradores del partido de Santiago Abascal registraron en la Consejería de Cultura una propuesta para la inclusión de 190 escudos, placas y otros símbolos de Castilla y León, veinte de ellos en la provincia de Salamanca, en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León. Entonces, Vox formaba parte del Ejecutivo autonómico —desde este julio ya no lo está— y el consejero, Gonzalo Santonja, había sido nombrado a propuesta de esa formación. Todo apuntaba entonces a que la Junta incoaría los expedientes para su declaración como Bienes de Interés Cultural (BIC). De hecho, ante una solicitud de este tipo, debe hacerlo de oficio. Sin embargo, no ha sido así dado el escaso interés que han mostrado por continuar con este procedimiento los parlamentarios regionales de Vox. Ni siquiera han presentado la documentación que la administración les requería.

«Cabe manifestar que, requerida ampliación de documentación a los interesados para motivar debidamente los expedientes, no consta que dicha información se haya aportado», aseguran fuentes de la Consejería de Cultura. «La iniciación de un procedimiento de declaración de Bien de Interés Cultural se realiza siempre de oficio. En este caso, tan solo se ha procedido a recabar información previa al inicio de la incoación; no existe, por tanto, un procedimiento iniciado que pueda o no cerrarse», añaden ante la pregunta de por qué no se han llegado a incoar los expedientes en casi dos años.

Bastaría que se hubiese producido la incoación para «blindar» los símbolos franquistas ya que la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León confiere desde el inicio del expediente «de manera inmediata y provisional» la misma protección —hasta que se resuelve el expediente— que si ya hubiesen sido declarados BIC. Ciertamente existe una norma de rango superior, la Ley de Memoria Democrática, que obliga a la retirada de esos símbolos por parte de las administraciones públicas. No obstante, en uno de sus artículos especifica que su obligada eliminación «no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas o arquitectónicas protegidas por la ley», como sería el caso de los Bienes de Interés Cultural.

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