El traspaso del CRMF pone en riesgo la atención a personas con discapacidad de otras regiones

La transferencia del Centro de Recuperación de personas con discapacidad física (CRMF) de Salamanca a la Junta de Castilla y León no solo tendría consecuencias para el personal que trabaja en él, que en muchos casos tendría serios problemas para seguir desarrollando su empleo en Salamanca sin pasar a depender de la administración autonómica. También «afectaría significativamente a los usuarios», denuncian desde CSIF.

Actualmente, al ser un centro estatal, acoge a personas procedentes de distintas comunidades autónomas, ofreciendo servicios esenciales de integración, rehabilitación y formación orientada a la inclusión en la vida laboral. «Sin embargo, si el centro pasa a ser gestionado exclusivamente por la Junta de Castilla y León, existe un riesgo real de que los usuarios de otras comunidades pierdan el acceso a estos recursos. Esto supondría una limitación grave en la función integradora y nacional del centro, y podría reducir las oportunidades de rehabilitación y formación para muchas personas que actualmente se benefician de sus servicios», denuncian desde el sindicato CSIF. Por este motivo, considera que el traspaso «podría poner en peligro el carácter estatal e inclusivo del centro, afectando tanto a su personal como a usuarios de toda España que necesitan estos servicios especializados». En la actualidad, en estas instalaciones residen 18 internos, a las que se sumarían otras cinco personas que también se benefician de su apoyo.

Por otra parte, los trabajadores se enfrentarán a la decisión de pasar a depender de la Junta o pedir su traslado a otro centro del Imserso. Sin embargo, en este último caso algunos no podrán seguir desempeñando el mismo empleo en Salamanca ya que no existe esa opción.

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