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Los salmantinos no se librarán este año de un incremento de la presión fiscal motivado por el «tasazo» de la basura, que algunos ya han llamado «Sanchazo» porque es una transposición de una normativa europea a una ley aprobada en el 2022 y que obliga, por primera vez, a establecer una tasa para que los vecinos paguen por los residuos que produzcan. Pasa a ser obligatoria para los municipios mayores de 5.000 habitantes: Salamanca y algunos de los pueblos más grandes y los del alfoz. Sin embargo, la mayoría de los pequeños que prestan el servicio de recogida a través de mancomunidades también repercutirán el gran incremento del coste a los vecinos, no solo del traslado de los residuos orgánicos domiciliarios, sino también el tratamiento y la gestión de otros residuos que se lleva a cabo a través del consorcio Girsa.
Los ayuntamientos están en pie de guerra. Entre los más beligerantes, sin duda, el de Madrid y la Diputación provincial de Salamanca, que han elevado una queja formal porque es la primera vez que «se atropella» la autonomía municipal y se impone la obligación de cobrar a los vecinos por el coste de la prestación del servicio de basuras.
La diputada de Medio Ambiente, Pilar Sánchez, lamenta que la ley estatal 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular no tenga en cuenta el mayor coste que supone la gestión de los residuos en provincias que, como la de Salamanca, cuentan con 362 municipios, la mayoría pequeños, cuya gestión tiene un alto coste por la dispersión geográfica.
La novedad de esta tasa es que no podrá ser inferior al coste del servicio. Hasta ahora, en aquellas localidades donde los ayuntamientos repercutían la tasa de basuras a los vecinos, esta era deficitaria. En ningún caso se cubría el coste real de la gestión de los residuos.
Los ayuntamientos que ya han establecido los nuevos precios del servicio están tomando como referencia el coste del 2024, ya que no es posible calcular los costes para 2025, cuando se han elevado desde los salariales, al transporte o se han reducido las compensaciones que recibían las empresas como FCC, que es la adjudicataria del tratamiento de los residuos en Salamanca, por el reciclado de los envases.
La Diputación de Salamanca, muy crítica con la ley de Sánchez, sacará a concurso el servicio de tratamiento y las ofertas seguramente serán mucho más elevadas. Girsa, por tanto, tendrá que repercutir los nuevos precios para que las entidades locales puedan calcular lo que cuesta realmente prestar el servicio, porque tal y como establece la ley la «nueva» tasa de basura no puede ser deficitaria. Una de las quejas precisamente es que hasta ahora muchos ayuntamientos o mancomunidades financiaban una parte o bien del servicio de recogida de residuos o del tratamiento. Ahora se trata de penalizar a quienes generan más residuos, aunque aún se contemplan exenciones para familias vulnerables.
La tasa o en su caso la PPPNT (Prestación Patrimonial de Carácter Público no Tributario) debe permitir, como establece la ley, implantar sistemas de pago por generación y reflejar el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos, incluidos la vigilancia de estas operaciones y el mantenimiento y vigilancia posterior al cierre de los vertederos, las campañas de concienciación y comunicación, así como los ingresos derivados de la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor, de la venta de materiales y de energía. Sin embargo, los ayuntamientos en general están haciendo cálculos aproximados y no reales, utilizando como parámetros de medición los metros cuadrados de la vivienda, el número de personas que la habitan o el consumo de agua.
La Federación Española de Municipios y Provincias calcula que de media esta tasa aumente un 150 %, ya que de media los ciudadanos pagan un 40 % del coste del servicio.
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