El 'tapón' de expedientes en el Servicio Público de Empleo lo lleva al colapso

«Es una castaña». Es la definición con la que los trabajadores del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Salamanca describen la nueva aplicación informática para la tramitación de prestaciones por desempleo a la que el Ministerio de Trabajo destinó más de 20 millones de euros. «ALMA», como se llama el nuevo sistema está generando un «tapón» de expedientes que conduce al colapso del organismo, asegura el personal, a través del sindicato CSIF. Lejos de agilizar la tramitación de subsidios y otro tipo de prestaciones, el nuevo sistema está provocando mayores retrasos en la aprobación y concesión de estos por parte del Estado, insisten.

La aplicación sufre «constantes incidencias que ralentizan, mucho más de lo debido, la aprobación de los expedientes, generando una demora considerable respecto a la utilización de las aplicaciones informáticas anteriores a su implantación». Así lo recoge el informe elaborado por Manuel Galdeano, coordinador nacional de CSIF en el SEPE, quien, en declaraciones a este periódico, insiste en que la situación es muy similar en todas las provincias españolas.

«Todas las personas relacionadas con la implementación de la aplicación se ven literalmente desbordadas ante la infinidad de incidencias y quejas que, a diario, les son comunicadas e imposibles de resolver en un tiempo prudencial», señala en la carta que envió al director general del SEPE, Gerardo Gutiérrez.

«La lentitud y extrema dificultad con la que se aborda cada expediente hace inviable disponer de la agilidad que requiere la gestión de un volumen mensual de prestaciones especialmente considerable», remarca Galdeano. Y es que, al deficiente funcionamiento de la aplicación que se puso en marcho a finales del pasado año, se suma el incremento de la carta de trabajo de la plantilla del SEPE en Salamanca. El pasado noviembre, entró en vigor una reforma a nivel asistencial, para racionalizar los subsidios, con la que se estrenaron nuevas ayudas a menores de 45 años sin responsabilidades familiares que hayan agotado una prestación contributiva de al menos doce meses, y a víctimas de violencia de género o sexual. El mismo real decreto que regula estas nuevas prestaciones acortó de seis a tres meses el periodo para solicitar la prórroga de los subsidios.

Por otra parte, el SEPE facilita ahora la transición al Ingreso Mínimo Vital a quienes haya agotado ya todas las prestaciones disponibles. Todo ello ha supuesto una mayor afluencia de usuarios a las oficinas y un incremento de la carga de trabajo de la plantilla, no solo en esta provincia, sino en toda España, según insisten los trabajadores, que ven «insostenible» el funcionamiento del organismo sino se paraliza la nueva aplicación. No obstante, en esta provincia se puede conseguir cita previa casi para el mismo día. Las demoras no se producen en la atención, sino en la tramitación.

A todo ello, se suma una importante reducción de los empleados públicos al servicio del organismo. CSIF estima unas 3.500 vacantes en toda España. En Salamanca, si bien se han incorporado trabajadores en los últimos meses, la carga de trabajo, insiste, sigue siendo muy elevada.

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