Suárez-Quiñones: «La ley estatal de la vivienda busca fomentar el alquiler metiendo miedo a los propietarios»

Este año le vuelve a tocar de guardia, al frente del operativo contra incendios. Juan Carlos Suárez-Quiñones tiene aplomo, pero los incendios del año 22 lo dejaron tocado. Las condiciones meteorológicas cambiantes tiraban por tierra cualquier previsión y encima en medio del brutal ataque del Gobierno. El consejero repasa en su despacho la actualidad política, es muy crítico con la nueva Ley de Vivienda de Sánchez, que no ha solucionado ninguno de los problemas, en contraposición con las medidas de la Junta, que dan en la diana del problema del alquiler.

Han pasado dos años de los graves incendios de Zamora y Monsagro, en Salamanca, ¿Qué aprendieron de esos dos incendios, los más graves seguramente de los últimos años?

—Que las cosas estaban cambiando desde el punto de vista climático porque se dieron unas circunstancias que no se recordaban. Ingenieros forestales públicos nuestros, con treinta y tantos años de antigüedad, dijeron que nunca habían visto algo similar. Estamos hablando de unas condiciones de humedad, de temperaturas que llegaban a cerca de los 40 grados, unos vientos erráticos que llegaban hasta los 70-80 km por hora, cambiantes, las tormentas eléctricas nocturnas que prendían, como ocurrió en la sierra de la Culebra, 5, 6, 7 u 8 focos. Unas condiciones que hacían verdaderamente que los incendios estuvieran, lo que los técnicos llaman, fuera de la capacidad de extinción de cualquier operativo. De todo esto aprendimos que los esfuerzos que estábamos haciendo desde la Junta para ir reforzando el operativo, en el que llevamos trabajando desde el año 2015, incrementando de forma paulatina medios y capacidad en extinción, teníamos que acelerarlo. Y lo aceleramos a través de ese acuerdo sindical de ese mismo verano, el 27 de septiembre. Es decir, nos pusimos a trabajar inmediatamente.

¿Qué supone ese acuerdo en la mejora de la extinción de incendios?

—Los agentes medioambientales trabajan todo el año. El acuerdo afectaba a las cuadrillas y al personal laboral. Es decir, había un personal laboral que era fijo discontinuo, eran fijos que trabajaban solo unos meses -conductores de autobombas, maquinistas que los acompañaban, los vigilantes de las torres...-. Después estaban las cuadrillas contratadas en verano y también algunas para el invierno. Ese acuerdo implica una modificación total y radical del operativo. ¿En qué? Primero, en el aspecto normativo fundamentalmente para cambiar y mejorar la estructura. Hemos incorporado nuevos técnicos, lo que permite un funcionamiento de 24 horas todos los días para estar más preparados. Mejorar los tiempos de trabajo del personal contratado, de las cuadrillas, que estaban una media de unos siete meses y establecimos que como mínimo tenían que estar nueve meses. Ya están como mínimo nueve meses todas las que hemos contratado y algunas hasta doce meses. Eso significa reforzar el trabajo de las cuadrillas en invierno, en los tratamientos preventivos, para mantener mejor los cortafuegos, las áreas de defensa, etcétera. Es un modelo peculiar de Castilla y León porque los que trabajan en el operativo lo hacen en prevención en invierno y luego extinguiendo los fuegos en verano. ¿Quién va a conocer mejor el monte, las zonas de evacuación, las zonas de defensa, el comportamiento que pueda tener, sino aquellos que durante el invierno están trabajando sobre el terreno? Además, durante el año pasado y este año estamos aplicando fondos europeos extra para cambiar el material rodante del operativo.

¿Cómo es la colaboración con otras comunidades autónomas y países, como Portugal, porque el fuego de Monsagro entró por Extremadura?

—Ese fuego entró varias veces desde Cáceres y es curioso porque aquel fuego en Cáceres era por el cambio climático y cuando llegaba a Castilla y León la culpa era de la Junta. En aquellos momentos se hizo una campaña política contra Castilla y León sin precedentes, utilizando todos los medios posibles y con la llegada de ministros, incluso el presidente del Gobierno, para hablar mal de Castilla y León. Hubo una colaboración indudable en las labores de extinción del fuego. Esa colaboración ya existía, siempre ha existido en la parte técnica de los operativos.

¿A nivel personal, los incendios de Zamora y Monsagro del 2022 han sido el peor momento de su vida política?

—Sí, sin duda alguna. Y no tanto por la presión política que hubo sin precedentes, sino por la preocupación de que pudiéramos dar respuesta a esos incendios y a los que se podían producir ante esas circunstancias excepcionales.

¿Por qué ha sido Castilla y León tan crítica con la nueva ley estatal de vivienda?

—Nosotros hemos sido muy críticos porque no soluciona ninguno de los problemas de la vivienda. Es más bien al contrario. Es una ley muy intervencionista, que busca fomentar el alquiler de vivienda metiendo miedo a los propietarios y amenazando con medidas de tipo confiscatorio, limitativas de rentas, medidas de intervención, que son muy propias de los pensamientos de izquierdas. El que tiene una propiedad y la pone o no en alquiler, igual que el mercado económico, es muy sensible a las coacciones públicas y a las amenazas públicas. Por tanto, aquello que supone mermar su libertad de acción lo que hace es retraer ese mercado, que es lo que está pasando. Y con figuras tan absolutamente negativas como las que esta ley ha introducido en la ley de enjuiciamiento civil, donde ha dificultado y retrasado el que el propietario pueda recuperar la posesión legítima de su vivienda ante una ocupación ilegal. Le impone unas cargas de acreditación de la vulnerabilidad del ocupante, de requisitos, que hacen que la gente se retraiga y diga pues prefiero hacer una vivienda de uso turístico, por ejemplo. Todo eso es absolutamente negativo. Aparte de la invasión de competencias autonómicas que ya ha puesto de manifiesto el propio Tribunal Constitucional, el actual, que ha declarado nulos algunos preceptos de la ley de vivienda por invadir competencias autonómicas. Nosotros consideramos que hay más invasiones de competencias autonómicas que las aceptadas por el Constitucional. Por lo tanto, en principio es una ley que no ha aportado absolutamente nada positivo y la prueba está en que no ha solucionado ninguno de los problemas.

En Salamanca se está produciendo un hecho singular porque los propietarios prefieren alquilar a estudiantes que a trabajadores.

—Sí, eso es perfectamente lógico, por lo que he dicho antes: el propietario busca la seguridad, en el cobro y en la recuperación de la vivienda y no está garantizado con la reforma de la ley de vivienda, que se llama Ley por el Derecho a la Vivienda, por eso buscan nichos de mercado seguros y el mercado del estudiante es un mercado seguro porque normalmente siempre están los padres detrás. Esa es la prueba del algodón, de que el mercado de alquiler pide seguridad, seguridad jurídica y seguridad económica en el pago de la renta. Sí lo han garantizado las políticas de la Junta de Castilla y de León con las ayudas al alquiler.

¿Tan complicado es echar desde el punto de vista jurídico a un okupa?

—El Partido Popular había presentado una proposición de ley que pretendía garantizar legalmente que en 24 horas se recuperase la posesión de la vivienda. Bueno, pues no es factible porque políticamente el Gobierno de España no quiso. Esa es la diferencia de la filosofía política de un pensamiento liberal y centrado, que es el del PP, a un pensamiento político de izquierdas.

Otro problema que hay ahora mismo en el mercado del alquiler es el boom de los apartamentos turísticos.

—Bueno, nosotros estamos recabando datos y es cuchando también a los ayuntamientos, y pensamos, aunque es una decisión no tomada, en modificar la normativa para dar más capacidad de acción a los ayuntamientos. Nos planteamos modificar la legislación urbanística y la legislación también en materia turística para dar más instrumentos a los ayuntamientos para poder hacer algo si lo consideran adecuado. Pero yo creo que el mercado de alquiler hay que incentivarlo por la vía de la seguridad jurídica, que es lo que nosotros hemos hecho. La ayuda al alquiler es una política que no tiene ninguna comunidad autónoma no foral. Damos ayudas a todas las personas que las solicitan y que cumplan, claro. El año pasado han llegado a todo el mundo y llevamos seis años en que las ayudas no dejan fuera a nadie. Este año hemos dado 40,6 millones de ayudas y esto empezó en el año 2015 con 3 millones en ayudas. La convocatoria de este año se hará después del verano. Siempre convocamos a final de año para que ya las personas, cuando presenten la solicitud, presenten la acreditación del pago del año 2024. Pagamos un 50 % del alquiler a la gente, pero si son jóvenes que viven en una ciudad le damos un 60 % y a la gente joven que reside en el medio rural un 75 %. O sea, en un alquiler de 400 euros, la Junta paga 300 euros si es en municipios pequeños. Es un compromiso indudable con la juventud y con el medio rural. ¿Qué ocurre? Pues que esa seguridad hace que el alquiler sea absolutamente seguro, porque el inquilino va a pagar bancariamente y religiosamente su renta para poder tener esas ayudas. Por tanto, para el propietario, el estar en la Junta le da una seguridad jurídica y económica total porque sabe que el inquilino va a pagar porque si no, no tiene ayudas de la Junta. Esas son las medidas que creemos que se tienen que tomar.

¿Cómo han incidido las ayudas que se dan al medio rural en la lucha contra la despoblación?

—Bueno, pues es difícil medirlo, pero por supuesto que beneficia. Es muy relevante para un joven recibir el 75 por ciento del gasto mensual del alquiler.

Usted es juez, ¿qué opina de la aparición estelar del fugitivo Puigdemont y la esperpéntica desaparición contraviniendo una orden de detención?

—Bueno, yo creo que es un esperpento más de esta comedia de tinieblas en la que tiene sumido el Gobierno de España a este país. Son tantos los episodios incomprensibles, contrarios a la sensatez, que el común de la ciudadanía ni los entiende. Les duele ver cómo tratan de desmantelar un Estado. Hay que recordar que el señor Puigdemont es el socio preferente de Pedro Sánchez. En definitiva, de esos siete diputados de Junts depende el mantenimiento del Gobierno de España. En segundo lugar, con una orden de detención, es totalmente intolerable que aparezca en una plaza pública y que no se detenga. Por tanto, hay un claro incumplimiento de una orden judicial de detención.

El Gobierno ha eludido responsabilidades.

—El control de fronteras es de los cuerpos estatales policiales. Además, hay un CNI, una estructura de inteligencia que está para trabajar cosas como esta. Y por tanto, alguna explicación tendrán que dar de cómo entró al país este señor, un prófugo de la justicia con orden de detención, sin ser detectado y cómo después evade la detención en un lugar público. Es bochornoso, nada más hay que ver las repercusiones que tuvo a nivel internacional.

¿Cómo nos va a afectar a los ciudadanos de Castilla y León la financiación singular para Cataluña? ¿Contraviene la Constitución que habla de igualdad?

—Esa contravención es ya repetitiva porque la ley de amnistía es un monumento a la desigualdad, a los privilegios para conseguir no fines públicos de interés general, sino fines particulares y partidistas. Entonces, esto es un elemento más de desigualdad. Es que ya hay muchos. Los indultos, la ley de amnistía, no ha habido más que monumentos a la desigualdad por parte de las acciones de este Gobierno y de este parlamento nacional dominado por el pacto político que está ahora gobernando. Este es uno más. Pero esta es una desigualdad económica intolerable, evidentemente. El presidente Mañueco ya ha dicho que va a impugnar y llevar a los tribunales este monumento al robo. En definitiva, se quiebra parte de nuestra capacidad económica a favor de un territorio para conseguir fines políticos particulares, no fines de interés general.

¿Cómo puede afectar esa financiación singular?

—Nosotros estamos infrafinanciados, tenemos un déficit de cientos de millones de euros al año, déficit de las aportaciones del Estado para financiar los servicios públicos, que no consideran la extensión del territorio de Castilla y León, que no consideran la dispersión, que no consideran el envejecimiento. Por lo tanto, variables que afectan al territorio, a los propios incendios forestales, a nuestra masa forestal, a la sanidad, a los servicios sociales. Por eso estamos reclamando un pacto autonómico y una revisión del modelo de financiación que sea más justo con comunidades como la de Castilla y León. Y la financiación singular es la respuesta contraria. España está en cuitas políticas y perjudicando a los ciudadanos en muchísimos aspectos. Nosotros nos preocupamos de aumentar la calidad de vida de los ciudadanos, los servicios públicos, la vivienda, la agricultura, la mejora de la sanidad, los servicios sociales, las carreteras, el turismo... ¿Cómo están las autovías o los trenes? No puede ser todo culpa del PP porque Sánchez ya lleva seis años gobernando. La realidad del gobierno de Alfonso Fernández Mañueco es que está pendiente de resolver los problemas de los ciudadanos y tenemos un Gobierno de España que lo único que hace es perjudicarnos en Castilla y León y adoptar decisiones que dinamitan el Estado de Derecho y desde luego fomentar la desigualdad entre los españoles. Esa es la diferencia entre un gobierno y otro.

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