La Secretaria de Estado de Migraciones deja en suspenso el centro de Puente Ladrillo
El Ministerio condiciona su uso como espacio de acogida «a las necesidades» que vayan surgiendo, pero ya no ve claro si seguirá adelante con su rehabilitación
Después de la polémica vecinal y con el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León, la Secretaria de Estado de Migraciones no tiene ya ninguna prisa por rehabilitar como centro de acogida de inmigrantes las antiguas instalaciones de la residencia de mayores de San Juan de Sahagún. Aunque no descarta que, en algún momento, pueda necesitar este complejo de la carretera de Aldealengua para ese fin, de momento deja en suspenso si, presentará o no la documentación requerida por el Ayuntamiento, para poder retomar el acondicionamiento de las instalaciones que, según el propio Gobierno nacional, se encuentran en un «lamentable estado».
Por otra parte, rebaja el nivel de tensión con la Junta de Castilla y León. De momento, no tiene previsto adoptar acciones legales contra la orden del Ejecutivo autonómico que impide abrir un centro de estas características en la Comunidad sin la autorización de la Consejería de Familia y que además limita su capacidad a un máximo de 120 personas frente a las 448 que plantea el Ministerio, a través de un documento de la empresa pública Tragsa, para este espacio.
El Ministerio que dirige Elma Saiz no manifiesta ninguna intención de devolver la antigua residencia a la Tesorería General del Estado, que es su titular. «El centro es una instalación adscrita a la Secretaria de Estado de Migraciones», asegura en respuesta a las preguntas formuladas por LA GACETA. Pero, ¿cuándo se utilizará para este fin? «Su uso estará siempre condicionado a las necesidades y situaciones de la red de acogida», asegura. No obstante, este edificio no se encuentra en condiciones para albergar a extranjeros sin papeles que llegan a España pidiendo protección internacional. Así lo manifestó el propio Gobierno central en una respuesta parlamentaria en la que acusó a la Junta de haberla dejado en un estado lamentable tras el traslado de su residencia a las nuevas instalaciones de la calle Santiago Madrigal. Fue por ello que Tragsa elaboró una memoria el pasado diciembre en la que cifraba en más de un millón de euros las obras necesarias para acondicionar esta infraestructura para el alojamiento de inmigrantes.
Esos trabajos se iniciaron tras presentar una declaración responsable en el Ayuntamiento, documento que la administración local consideró insuficiente para una actuación de esa envergadura, por lo que le solicitó a la compañía pública un proyecto más detallado. Sin embargo, el Ministerio no tiene claro si aportará esa documentación para que el Consistorio le dé vía libre a continuar con los trabajos de acondicionamiento que quedaron interrumpidos el pasado febrero. ¿Se presentará el proyecto al Ayuntamiento? «En estos momentos estamos en proceso de estudio y valoración. No tenemos información final que podamos ofrecer», responde Migraciones. No lo tiene claro o no quiere informar de su decisión todavía. Pero lo cierto es que sin esas reparaciones, el centro no estaría en condiciones de alojar a nadie, ya que al deterioro de las instalaciones se suman que han sido vandalizadas. Se han sustraído váteres, faltan pomos de puertas, hay cristales y persianas rotos, algunos azulejos amenazan con caerse mientras otros han desaparecido, y el falso techo está muy dañado, entre otras deficiencias.
Migraciones consultó en marzo a la Abogacía del Estado la legalidad de la orden autonómica aprobada por la Junta el 7 de noviembre. Esta impide abrir centros de acogida sin permiso autonómico y en ningún caso estos espacios dedicados a alojar personas vulnerables pueden superar las 120 plazas. Aunque inicialmente la Secretaría de Estado puso sobre la mesa la posibilidad de adoptar acciones legales contra esa normativa, ya parece no planteárselo. «A día de hoy no se ha valorado tomar acciones al respecto, aunque, entendemos que la regulación de estos centros es competencia exclusiva del Estado y, por tanto, no es aplicable la norma autonómica», asegura.
