Se disipa la propuesta de imponer la vacunación a los trabajadores
El presidente de la CEOE apostó por imponerlo en los convenios | El notable apoyo a la vacuna y la falta de una ley orgánica hunden la opción que sí se ejecuta en otros países
Lunes, 4 de octubre 2021, 23:51
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha destapado la caja de los truenos tras plantear en una entrevista en El Mundo la posibilidad de incluir en los convenios laborales la obligación de que el trabajador esté vacunado. Lo cierto es que Italia exigirá presentar el certificado covid a los empleados de organismos públicos y empresas privadas desde el próximo día 15. Es verdad que incumplir este requisito no implica el despido, aunque sí se contempla la suspensión de empleo y sueldo al quinto día de incumplimiento e, incluso, multas por reincidencia. En Estados Unidos se ha ordenado la vacunación obligatoria a los empleados del Gobierno Federal, en Eslovenia se obliga a los funcionarios a pincharse para trabajar de forma presencial y en Francia se impone a los trabajadores sanitarios y de residencias.
En España el artículo 14 de la Constitución dicta: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. A tenor de este artículo no cabría la obligación de vacunar, a lo que se suma que el Ministerio de Sanidad no ha planteado en ningún momento la imposición. Por otro lado, el importante nivel de vacunación en España no ha hecho necesario este debate abierto por Garamendi, teniendo en cuenta que el dato de la inmunización cada vez se incluye más en los currículum de los aspirantes a un empleo.
Por otro lado, el artículo 3 de la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986 puede amparar una decisión de este tipo, ya que el texto autoriza a “adoptar las medidas oportunas” para fomentar la transmisión de la enfermedad, en este caso de la covid-19. En todo caso siempre correspondería a los jueces ponderar la decisión. Es comprensible el temor de empresas e instituciones ante un brote y la obligación de cuarentena a la plantilla, lo que podría suspender su actividad. Así lo pensó el Ayuntamiento del Tous, un pueblo de Valencia, cuando abrió el proceso para cubrir dos plazas de técnico de Educación Infantil en el que incluía como requisito tener la pauta completa de vacunación. Dichas bases ya se han recurrido y están pendiente de resolución judicial. Así las cosas, no parece fácil la propuesta de Garamendi salvo que se aprobara una ley orgánica que, dado el éxito de la vacunación, no parece una prioridad.
