Salamanca cuenta con un 53% más de plazas en residencias de mayores que el mínimo recomendado

Salamanca es la provincia de España donde más se vive. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, sus habitantes tenían en 2023 una esperanza de vida de 85,4 años, la más elevada del país. Además, cuenta con una población muy envejecida. Más de una cuarta parte de sus vecinos, el 28 %, han superado los 65 años, y la previsión es que ese porcentaje continúe aumentando. Por ello, necesita contar con una amplia red de atención para los mayores. Aunque esta va mucho más allá de las residencias en un momento en el que la instituciones apuestan por ofrecer servicios que permitan a los mayores no tener que abandonar su hogar, estas resultan fundamentales.

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales recomienda una ratio mínima de cinco plazas residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años. Conforme a ella, en España existiría un déficit de 89.324 plazas. Por el contrario, Salamanca superaría con creces esa exigencia. Con 91.905 mayores de 65 años en la provincia, según el padrón provisional del pasado 1 de abril, sería necesario un mínimo de 4.595 plazas residenciales, y, según los datos de la Junta de Castilla y León son 7.049. Son, por tanto, un 53 % más de las recomendadas.

En la provincia existen 127 residencias de mayores, de las que casi la mitad son públicas. Solo una es propiedad de la Junta de Castilla y León. El complejo San Juan de Sahagún, abierto durante la pandemia en Puente Ladrillo, dispone de 168 plazas. Por su parte, la Diputación cuenta con tres instalaciones —en la capital, Ciudad Rodrigo y Lumbrales— con capacidad para 361 personas. A ellas, se sumarían otras 58 cuyos propietarios son los ayuntamientos de diferentes municipios. Ofrecen 1.279 plazas, por lo que la mayoría son pequeñas y tienen capacidad para menos de una treintena de mayores. Aun así, todas estas plazas públicas solo representan una cuarta parte de las que hay en Salamanca. El 74 % se encuentran en centros privados.

Listas de espera

Aunque hay una oferta de plazas que se ajusta bastante a la demanda, existen listas de espera. Es así porque la mayoría de las veces no hay habitaciones disponibles para entrar en la residencia que, por servicios, calidad, cercanía, precio u otros motivos, se elige. Desde la Junta de Castilla y León reconocen que en las plazas de responsabilidad pública —tanto las de la propia residencia de titularidad autonómica como las 543 que tiene concertadas con otras residencias— sí hay lista de espera, pero insiste que, en estos casos, se ofrece la posibilidad de que estos mayores acudan a plazas privadas y financiar el pago a través de la prestación vinculada, que puede llegar hasta los 1.105 euros para una persona con dependencia de grado III. Algunas de las residencias privadas, especialmente en el entorno de la capital, aseguran que tienen también muchos mayores a la espera de que una habitación quede libre. Ante ello, desde la administración regional comentan que con el número de plazas privadas que hay se da respuesta a la demanda existente, aunque en el caso de los municipios pequeños, las personas dependientes tengan en ocasiones que desplazarse dentro de la provincia a centros que se encuentran en otras localidades.

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