«El reparto arbitrario de menores no puede ser una imposición por chantaje»

Frente a las 130 plazas específicas de las que dispone Castilla y León y que ya cuentan con una sobreocupación que llega hasta las 178, el Gobierno, a través del Ministerio de Juventud e Infancia, ha fijado que esta comunidad debe albergar 763 plazas para menores extranjeros no acompañados, los denominados menas.

Desde la comisión sectorial celebrada la pasada semana en la que se comunicó que esta decisión unilateral, «no se sabe nada nuevo», según ha manifestado este miércoles en Salamanca la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Isabel Blanco, quien se ha mostrado muy crítica con el Ejecutivo central.

En la reunión, ha asegurado, «se manejaron datos arbitrarios por parte del Ministerio». «Es un tema serio, importante. Hablamos de niños y niñas, de adolescentes y hay que trabajar desde el rigor, el diálogo, la seriedad, la igualdad y nunca desde la imposición», ha reclamado.

Pero, ¿qué hará la Junta ante esta asignación de plazas para menas con la que no está de acuerdo? «Vamos a seguir denunciando las situaciones que son arbitrarias y exigiendo que las decisiones se adopten desde el acuerdo y nunca desde la imposición», ha apuntado la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León.

Ha incidido en la importancia de que el acuerdo para acoger a los menores extranjeros se haga «desde el conocimiento de lo que son los sistemas de protección de las comunidades autónomas y sin invadir sus competencias». «Desde luego nunca se puede hacer desde la imposición y nunca puede ser como una cesión o como un chantaje por parte de los socios del Gobierno», ha criticado.

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