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Pese a que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), más conocida como el «banco malo», calcula —no existe estadística oficial— que en el último año ha dado salida a más de cuarenta viviendas en la provincia de Salamanca, el Ejecutivo autonómico remarca que «el Gobierno de España no ha puesto a disposición de la Junta de Castilla y León a través de la Sareb ninguna vivienda desde el anuncio de Pedro Sánchez». Es el balance que la Dirección General de la Vivienda de la administración autonómica hace del año que casi ha pasado ya desde que el presidente del Gobierno de España anunció un plan para sacar al mercado 184.000 pisos de alquiler, 21.000 de los cuales se encontraban en manos del «banco malo».
Aunque no haya puesto a disposición de la Junta nuevos inmuebles, esta sí adquirió el pasado año dos de las propiedades de la Sareb. Según fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, compró por 68.150 euros un piso en la calle Pintores de la capital del Tormes, y otra vivienda ubicada en la calle Capilla de Cabrerizos por 74.417,17 euros. En 2022, se hizo además con un inmueble de la calle Pico Aneto, en la ciudad de Salamanca, por el que pagó 78.200 euros.
Estas adquisiciones se enmarcarían en un convenio que en octubre de 2015 la Junta firmó con la sociedad estatal de gestión. En el marco de aquel acuerdo, se ofrecieron, explican desde el departamento que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones, un centenar de viviendas en toda Castilla y León, que una vez visitadas y estudiadas se redujeron a 81. Se eliminaron aquellas que se encontraban en peores condiciones. Desde entonces la administración autonómica ha ido adquiriendo algunos de esos inmuebles. El 22 de diciembre de 2020 compró seis en diferentes provincias y, un año después, en la víspera de la última Nochebuena, cerró la adquisición de otra docena. El pasado octubre se rubricó un nuevo convenio con el «banco malo». Prevé que los más de sesenta inmuebles restantes pasen a ser de la administración regional en 2025.
Hace un año, tras el anuncio de Sánchez de ofrecer las viviendas de la Sareb a las comunidades autónomas, la directora general de Vivienda, María Pardo, denunció el deplorable estado de casi todas las viviendas de la Sareb. «Aunque me las regale, la mayoría de esas viviendas no las quiero», llegó a decir.
Doce inmuebles en toda la provincia. Es lo que quedaría en Salamanca del compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez de movilizar en toda España 21.000 viviendas de la Sareb para darles un uso social a través de acuerdos de venta con comunidades autónomas o municipios. De todos los inmuebles de Salamanca que engrosaban el patrimonio del «banco malo» hace un año, solo una docena de ellas, incluso necesitando reformas previas, serían habitables. Es el resultado del cribado que realizó la Dirección General de Vivienda de la Junta de Castilla y León de cara a la posible compra de alguna de ellas para sumarlas al parque de vivienda pública de la Comunidad. Según explicó el pasado abril a este periódico María Pardo, que se encuentra al frente de este departamento de la administración autonómica. Si en la web del «banco malo» figuraban a principios de 2022 más de 350 viviendas en Salamanca, el pasado mayo la Sareb precisó que, de ellas, realmente solo se encontraban disponibles unas 120.
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