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En saco roto ha caído la petición que el presidente de la Junta de Castilla y León,Alfonso Fernández Mañueco, hizo el pasado 22 de noviembre en La Moncloa a Pedro Sánchez. Le reclamó la retirada del plan del Ministerio de Transportes que contempla la supresión de paradas de las líneas regulares de autobús y que mantendrá solo cinco de los 41 puntos de recogida de viajeros en toda la provincia. El titular de esta cartera, Óscar Puente, ya ha dejado claro que no va a atender la solicitud del dirigente autonómico. No está dispuesto a respetar las paradas en las zonas rurales. «Ese servicio no me corresponde a mí», aseguró el pasado jueves en su intervención en el foro de la Nueva Economía, celebrado en Madrid.
El ministro, que se declara «intervencionista convencido», esgrime que el sistema concesional de transporte por carretera actual «está completamente caducado, incluso jurídicamente». «Estamos operando con las reglas de hace 40 años y esto no es sostenible. Hay que actualizarlo, sea agradable o no. Y actualizarlo supone que cada uno asuma sus competencias en la España de hoy», añadió derivando en la comunidad autonómica la responsabilidad de mantener las comunicaciones de las zonas rurales.
«¿Cuáles son las competencias del Ministerio de Transporte? Comunicar Madrid con Zaragoza, Zaragoza con Valencia, Valladolid con Madrid, Valladolid con Coruña... En fin, nuestra competencia es comunicar núcleos de población distantes y ubicados en distintas comunidades autónomas. ¿Cuál es la competencia de las comunidades autónomas? Sostener las comunicaciones dentro de ellas y especialmente en el ámbito rural en aquellas comunidades que tienen un tejido rural que tiene ser comunicado», esgrimió Puente ante un auditorio con una amplia representación empresarial. El ministro defendió que, si plantea un nuevo mapa concesional que conecte municipios que se encuentra a escasos kilómetros, no estaría «cumpliendo las competencias» que le asigna la Constitución. «Para alguien que quiere ir de Madrid a Valladolid en autocar si este para en 27 municipios pues obviamente no va a coger el autobús porque no le sirve, y entonces la competencia que yo tengo que ejercer no la cumplo», puso como ejemplo.
En este contexto, el titular de Transportes arremetió contra los gobiernos autonómicos. Estos, aseguró, deben «darse cuenta de que en la vida no todo es pedir ni protestar y que hay que asumir competencias y los costes de estas». Frente a la petición que hizo Mañueco a Sánchez y para sofocar cualquier esperanza de que el Gobierno vaya a dar marcha atrás en su plan de reforma de las líneas de transporte por carretera, el ministro dejó claro que en el nuevo mapa concesional «desaparecen esas paradas que servían para comunicar un núcleo de población con otro que está a 30 kilómetros». «La gente no lo coge para ir de un pueblecito a la capital, sino que lo están cogiendo para ir al pueblo de al lado. Y eso no lo tiene que hacer el Ministerio de Transportes. Lo tiene que hacer la comunidad autónoma», añadió durante su intervención.
Óscar Puente llegó a decir que a quien hay que reclamar la comunicación de los núcleos rurales de Castilla y León es a Alfonso Fernández Mañueco y «no al Gobierno de España que no es el papá para todo ni el que tiene que resolver todos los problemas porque para eso tenemos un estado autonómico».
Conforme al nuevo plan de Transportes, las líneas regulares de autobús de titularidad estatal pasarían a tener paradas solo en la capital, Santa Marta de Tormes, Peñaranda de Bracamonte, Béjar y Ciudad Rodrigo. En la provincia no volverían a dejar y coger viajeros en 33 municipios, lo que ahondaría en el aislamiento de los 17.482 salmantinos que residen en ellos. El Ministerio se escuda en que un 75 % de las paradas analizadas en Castilla y León, las 474 que quiere eliminar, tuvieron menos de un pasajero interautonómico en 2019. Conforme a ello, solo las utilizan un 3 % del total de viajeros que utilizan los servicios de autobuses gestionados por la Administración General del Estado.
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