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Limitar el número de pisos turísticos al 1% de las viviendas de cada una de las zonas definidas por la futura ordenanza y excluir de las autorizaciones a los inmuebles de menos de 10 años. Estas son dos de las alegaciones que ha presentado el Grupo Municipal Socialista a la nueva Ordenanza de Pisos Turísticos de la ciudad de Salamanca, una normativa que según el portavoz, José Luis Mateos, «no cambia nada».
El Grupo ha presentado una veintena de alegaciones, entre las que también se incluye que se exija la autorización «expresa» de los vecinos ante una nueva apertura, que se incluya en cada piso turístico un detector de humos y un sonómetro.
«Aunque no tenga consecuencias legales, pero sí que los clientes y los dueños del alojamiento sepan que superan las emisiones máximas de ruido», ha apuntado el concejal socialista Chema Collados.
También proponen que todos los pisos tengan una hoja en la que se informe de las normas de la ciudad, como por ejemplo el horario de recogida de basura «para que las bolsas no estén horas en la calle», ha apuntado Collados.
El concejal también ha considerado imprescindible que los pisos turísticos cuenten previamente cédula de habitabilidad y que se creen mesas de diálogo para abordar esta norma.
«Independientemente de que salga la norma o no, que se cumpla la ley y no se permita la actividad ilegal», ha incidido el edil. «Seguimos con pisos turísticos por encima del primer piso y con denuncias de vecinos por alojamientos ilegales».
Los socialistas también han exigido que se cierren todos los pisos turísticos que no cumplan la ley «para evitar la competencia desleal y en favor de la convivencia».
Por otro lado, el Grupo Municipal ha reclamado que se elimine la disposición transitoria que concede dos meses a los propietarios para regularse. «Si no tienen licencia, pedimos que se suprima la actividad y se abra un expediente, pero también una multa porque se incumple la normativa urbanística«, ha reclamado José Luis Mateos.
«No queremos que Salamanca se convierta en un parque temático para quien nos visita y apostamos por proteger el derecho constitucional de tener acceso a la vivienda digna«.
Mateos calcula que el 1% de las viviendas de la ciudad serían 900, «pero aplicado por zonas esa cifra se reduciría a la mitad, suficiente para cubrir la demanda de alojamiento junto con la oferta de hoteles».
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