Preocupación entre los funcionarios por la ley de Escrivá: complica la movilidad pero permite el traslado forzoso

Después de tres años en el cajón y ahora que el Gobierno de Pedro Sánchez prepara el desembarco de José Luis Escrivá en el Banco de España, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública ha desempolvado y agilizado la tramitación del proyecto de ley de Función Pública de la Administración General del Estado. El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes este texto que ha despertado la inquietud entre los funcionarios de Salamanca, en un momento en el que en esta provincia se contabilizan 26.089 empleados públicos, la cifra más elevada de los últimos 12 años. Desde julio de 2011 no se superaba esta cifra. Si bien es cierto que la futura ley solo afectará directamente a los más de 4.600 trabajadores al servicio del Estado, marca el camino para los otros 22.000 que desarrollan su labor en las administraciones autonómica, provincial y locales.

Movilidad, teletrabajo y evaluación del desempleo son los tres aspectos que más preocupan al sindicato mayoritario entre los funcionarios de la Administración General del Estado. Según explica el presidente provincial de CSIF, Federico Martín, el anteproyecto promovido por Escrivá «pone trabas a la movilidad. La limita más tanto dentro de la misma administración como entre diferentes administraciones». Un artículo del documento plantea que el personal funcionario del Estado podrá obtener destino en otras administraciones mediante la participación en concursos para la provisión de puestos de trabajo o por el sistema de libre designación, pero matiza que «será necesario que hayan transcurrido al menos cuatro años de servicios efectivos desde que se accedió al cuerpo o escala correspondiente». Ante esto, Martín recuerda que ahora mismo en la mayoría de los casos basta con que solo hayan pasado dos años. Por el contrario, plantea que la movilidad puede ser voluntaria o, en casos específicamente motivados, forzosa. Aunque se plantea de forma excepcional «en casos de extraordinaria y urgente necesidad debidamente acreditados», se podrá acordar de forma motivada, previa negociación colectiva, la movilidad del personal de forma temporal, de forma voluntaria o forzosa.

«Estamos buscando siempre mejoras para la conciliación y ahora el Gobierno plantea restricciones a la movilidad que empeoran la situación actual», denuncia el presidente de CSIF. Pero no solo por complicar los traslados, sino también por el aumento de la burocracia vinculada al teletrabajo. Federico Martín insiste en que esta nueva regulación que se plantea implica dar pasos atrás respecto a lo que ya se venía aplicando.

Por otra parte, de cara a mejorar la productividad y la calidad de los servicios, la propuesta de Escrivá regula la evaluación del desempeño de los trabajadores públicos. «Hay puestos en los que es fácil valorar si se cumplen los objetivos, pero en otros es muy complicado. Nos preocupa la falta de negociación que ha habido en este aspecto y que no se fijen todas las garantías para que esta medida no contribuya a que las decisiones se adopten por favoritismo o discriminación. Hay que fijar medidas para que se base en criterios objetivos y que, cuando se vaya a valorar a los empleados esté presente su representación sindical para que no se apliquen criterios de valoración personal», remarca.

Por su parte, el secretario provincial de UGT, Marcelino Muñoz, insiste en la que, aunque se haya dado el visto al anteproyecto, la ley aún se están negociando y hasta que no se cierre su sindicato no prevé hacer valoraciones. «Tenemos una serie de líneas rojas», apunta sin entrar en detalles y señalando que ya se han logrado acuerdos en el contrato de relevo dentro de la administración.

Conforme a la reciente resolución del Tribunal Europeo, el proyecto de ley de Función Pública de la Administración General del Estado establece que un puesto no podrá permanecer más de tres años cubierto por un interino. Según el texto que se llevó al Congreso hace más de un año y que ahora ha recibido el visto bueno del Consejo de Ministros, «transcurridos tres años desde el nombramiento del personal funcionario interino se producirá el fin de la relación de interinidad y la vacante solo podrá ser ocupada por personal funcionario de carrera, salvo que el correspondiente proceso selectivo quede desierto, en cuyo caso se podrá efectuar otro nombramiento de personal funcionario interino». Esta regulación abre la puerta, especifican desde CSIF, que, si no se tiene especial cuidado en la correcta aplicación de esta medida, puede ocurrir que cada tres años se cambie al interino que ocupa una plaza. Por otra parte, el Gobierno de Pedro Sánchez fija que las plazas incluidas en las ofertas de empleo público de la Administración General del Estado deberán cubrirse en el plazo máximo de dos años desde su publicación, salvo causa justificada.

• Temas
• Banco de España
• CSIF
• Consejo de Ministros
• UGT Union General de Trabajadores
• Oferta Pública de Empleo (OPE)
• Empleo público