Plan de salud mental en las zonas rurales: consultas, teleasistencia y psicogeriatría en cada área de salud
La PNL del PP también pide más recursos al Gobierno y potenciar las actuales campañas antisuicidio
El Grupo Popular llevó al Pleno de las Cortes una Proposición No de Ley que busca traducir en hechos la atención a la salud mental en Castilla y León, con medidas que afectan directamente a los pacientes del medio rural. La iniciativa plantea consultas presenciales de salud mental en los centros de salud de los pueblos, el impulso de la teleasistencia y la videollamada para coordinar la atención con los equipos de Atención Primaria, y la creación de consultas de psicogeriatría en todas las áreas de salud. Todo ello se acompaña de campañas antiestigma, refuerzo de la prevención del suicidio y una petición al Gobierno central para garantizar la financiación y la disponibilidad de profesionales especializados.
Durante su intervención, el procurador salmantino José María Sánchez defendió que «la salud mental no distingue entre ideologías, y combatir los problemas crecientes relacionados con ella tampoco debería suscitar discrepancias políticas». Insistió en que «la salud mental necesita recursos, no discursos», y reclamó al Ejecutivo central que «gobierne para todos, no solo para sus socios de investidura, y financie adecuadamente a las comunidades autónomas».
El texto de la PNL introducir actuaciones concretas. En primer lugar, plantea acercar la atención psicológica y psiquiátrica al medio rural mediante consultas presenciales en los propios centros de salud. Estas consultas serían atendidas por profesionales de los Equipos de Salud Mental, que se desplazarían periódicamente a los pueblos para evitar que los pacientes tengan que recorrer decenas de kilómetros hasta los hospitales de referencia. Además, se prevé que la atención se complemente con seguimiento telefónico y con interconsultas no presenciales entre especialistas y médicos de familia, de modo que la asistencia no se interrumpa y los tiempos de respuesta se reduzcan.
En paralelo, la iniciativa impulsa la teleasistencia y la videollamada como herramientas de trabajo habituales. La telepresencia permitiría conectar a los profesionales de salud mental con los pacientes y con los equipos de Atención Primaria en las zonas más periféricas o con menor densidad de población, ofreciendo respuesta en procesos urgentes y manteniendo la continuidad asistencial sin necesidad de desplazamientos. La propuesta también incluye la digitalización de los servicios de salud mental para mejorar la coordinación intersectorial y facilitar el acceso remoto a psicología clínica. Todo esto cobra especial relevancia en una comunidad donde el 36% de la población vive en el medio rural, dispersa en más de 2.200 municipios.
Otro eje de la propuesta es la creación de consultas de psicogeriatría en todas las áreas de salud de Castilla y León. Se trataría de unidades especializadas y multidisciplinares, encabezadas por profesionales de Geriatría y con participación de especialistas en Neurología y Psiquiatría, que atenderían de forma integral a las personas mayores con trastornos mentales como depresión, ansiedad o demencias. Según el texto, algunas áreas ya han comenzado a implantar estos servicios, pero el objetivo es extenderlos al conjunto de la comunidad para ofrecer una atención más específica a uno de los grupos más vulnerables.
La PNL también refuerza las políticas de prevención del suicidio. Propone mantener y ampliar las campañas anuales de concienciación y sensibilización en medios de comunicación, entornos laborales y educativos. Además, pide continuar con la formación específica para docentes, orientadores y padres, así como con la implantación de los programas de atención a la conducta suicida que ya existen en todas las áreas de salud de la comunidad.
En el ámbito de los recursos humanos y la financiación, el texto reclama al Gobierno de España que garantice la dotación suficiente de psiquiatras, psicólogos clínicos y enfermeras de salud mental para poder ejecutar el Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027 y la Estrategia de Asistencia en Salud Mental de Castilla y León 2024-2030. José María Sánchez subrayó que «la salud mental necesita un Gobierno que no rompa la igualdad entre españoles y financie adecuadamente a las comunidades». En ese sentido, recordó que la Junta ha incrementado sus plantillas pese al déficit nacional de especialistas: un 16% más de psicólogos clínicos, más de un 8% en psiquiatría y más de un 60% en enfermería especializada, además de la fidelización de 41 profesionales desde 2022.
-RJhvWmqopQhhN8CnxynnAXJ-1200x840@Gaceta%20Salamanca.jpg)