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El último Consejo de Ministros acordó la declaración de emergencia de unas obras en el cuartel de la Guardia Civil de Salamanca de las que Interior prefiere no dar detalles. No se trata de una intervención menor. El presupuesto que se aprobó el pasado martes por vía de urgencia para esta intervención asciende a 582.968 euros, un montante que permite hacerse una idea de la magnitud del proyecto. Es casi una quinta parte de lo que se invirtió en la construcción del nuevo cuartel de Santa Marta. Pero, al ser consultados por este periódico, tanto el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska y la Dirección General de la Guardia Civil, como desde la Subdelegación del Gobierno de Salamanca y desde el acuartelamiento de la capital del Tormes, alegan no tener más datos o no poder facilitar más información sobre esta actuación. Todo ello, pese a que es la referencia publicada del pasado Consejo de Ministerio la que, de forma muy escueta, pone el acento en «los graves daños que presentan las bovedillas del acuartelamiento de la Guardia Civil de Salamanca».
Desde hace varias semanas, el salón de actos del acuartelamiento de Salamanca está precintado. Según ha podido saber este periódico, el mal estado en el que se encuentra el techo ha obligado a cerrarlo y trasladar a otros espacios los actos previstos hasta que sea reparado. Sin embargo, el problema parece no estar solo en este auditorio sino prácticamente en todo el edificio. Tras un trabajo de inspección y revisión en todo el inmueble, que cuenta con ocho plantas, se ha determinado que todas las bovedillas del edificio se encuentran en mal estado y es necesario reformarlas. Se trataría del «falso techo» de prácticamente todas las estancias y oficinas de la construcción, según ha podido saber LA GACETA a través de quienes trabajan en ellas ya que las fuentes oficiales de Interior y del Instituto Armado han preferido no informar de ello. La duración de las obras y el detalle del deterioro que sufren las bovedillas se conocerá cuando la Dirección General licite las obras a través de la plataforma de contratación del Estado, que, dada la necesaria urgencia que el Gobierno ha apreciado en la contratación de los trabajos, no debería retrasarse mucho. Lo cierto es que el Ejecutivo ha recurrido a un contrato por vía de emergencia, llamada a ser un solución rápida y excepcional a situaciones de extrema gravedad que pudieran afectar, entre otros, a la integridad de las personas o al interés general de nuestro país. Por ello, se recurrió a ella tanto durante la pandemia.
«Estos problemas se derivan de la baja calidad de los materiales que se emplearon en la construcción del edificio», señalan efectivos que trabajan en el cuartel. Hay que recordar que el acuartelamiento de Salamanca fue uno de los últimos proyectos que dejó en marcha el exdirector general de la Guardia Civil, Luis Roldán Ibáñez, que pasó 15 años en prisión. El aumento de su patrimonio y las primeras acusaciones de corrupción hicieron que fuese destituido de su cargo en diciembre de 1993. Ese mismo año, pero unos meses antes de abandonar el cargo, ya se había emprendido la construcción de las dependencias de la avenida Carlos I, junto al barrio de la Vega. Las obras acabaron en 1997 y el traslado desde la plaza de Colón hasta las nuevas instalaciones se produce en las primeras semanas de 1998.
En la visita inaugural que el entonces director general de la Guardia Civil, Santiago López Valdivieso, realizó en 1998 al recién estrenado cuartel de la Guardia Civil de Salamanca ya dejó claro que el edificio era «ejemplo de política desacertada». «Caro, sin mucha estética y con deficiencias de terminación» es como lo definió después de que se invirtiesen en su construcción 2.900 millones de pesetas (17,4 millones de euros), 400 (2,4) más de lo previsto
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