El modelo de ayuda social del Estado enquista la indigencia
En Salamanca, más de una veintena de personas viven en la calle no por falta de recursos, sino que la mayoría tienen problemas de alcohol, drogas o con la justicia
Presenta conductas violentas e inestabilidad emocional y no sigue el tratamiento farmacológico prescrito. Continúa con problemas de alcohol y consumo de sustancias tóxicas, y tiene un trastorno sin tratamiento que le ha llevado a tener enfrentamientos con la Policía. Joven extranjero expulsado de casa de sus padres con un amplio historial de protección y reforma de menores. Ingresó en un centro de Cáritas debido a su mal estado de salud y deterioro físico, pero se marchó por voluntad propia. El uso fraudulento de tarjetas bancarias le ha llevado a prisión. Tiene conductas violentas reiteradas y no es capaz de seguir un tratamiento adecuado a sus problemas y, aunque se le ha intentado ayudar, no acaba de «enganchar» en ninguno de los recursos sociales de la ciudad. Son casos reales de personas que viven y duermen en las calles de Salamanca. Y a los que cada mes tratan de buscar una vía de inserción los técnicos municipales, junto a la Policía Local, sanitarios de la Unidad de Psiquiatría del Hospital y personal de organizaciones como Cáritas, Cruz Roja, Asdecoba, Apramp, Apared, Puente Vida, Cepaim o Amigos del Silencio y la Felicidad (Comedor de los pobres). Sin embargo, el actual modelo de ayuda social del Estado, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), les pone más difícil ese trabajo.
La falta de ingresos económicos no suele ser el problema de estas personas. Y aún siéndolo Salamanca dispone de una red de servicios cuya combinación cubre las 24 horas de los siete días de la semana. Pero, aún así, hay más de una veintena de personas que siguen viviendo y durmiendo en calles y parques de la capital del Tormes. El alcohol y las drogas vinculados, en muchos casos, a problemas de salud mental son casi siempre las «cadenas» que les impiden escapar de la indigencia. Los problemas con la justicia en otros países son para otros el motivo que les lleva a vivir como transeúntes errantes de municipio en municipio tratando de escapar de errores del pasado. Así se desprende de las reuniones mensuales de la Mesa de Personas sin Hogar y de la comisión de seguimiento. En ellas, técnicos municipales, policías y las principales ONG que trabajan en la inclusión de quienes caen en las redes del sinhogarismo analizan uno por uno, con nombres y apellidos, con el objetivo de buscarles una solución a cada uno de ellos.
No resulta fácil sacarles de la calle, señalan la concejala de Familia, Miryam Rodríguez, y la jefa de sección de Inclusión Social del Ayuntamiento, María Teresa Martín. Contra ese proceso, juega «la dificultad que muestran muchos de ellos en el cumplimiento de horarios y normativa, de modo que optan por no acudir al recurso». No hay tiempo para acomodar y ayudar a los transeúntes que cambian de ciudad rápidamente y el ingreso de algunos en centros especializados o de patología dual por problemas de drogas, o en prisión por causas pendientes interrumpen los procesos de reinserción. Lejos de ayudar, la política estatal de protección social enquista estos casos de indigencia. Muchos de estas personas sin hogar perciben el Ingreso Mínimo Vital. No existe ningún tipo de control de a qué destinan este dinero ni tampoco se ponen condiciones para garantizar que se hace un uso adecuado de la prestación. Con frecuencia, advierten los técnicos municipales, esas personas sin hogar no lo gestionan de forma idónea y en vez de cubrir con el IMV sus necesidades básicas, lo utilizan para financiar su adicción. Los trabajadores sociales aseguran que algunas de estas personas llegan a cobrar más de 600 euros del Estado al mes que principalmente se consumen en bebida y drogas.
El primer paso en el proceso de reinserción son los recursos de baja exigencia, como el centro de atención a personas sin hogar que gestiona Cruz Roja y financiado por el Ayuntamiento y por la Junta. En él se exigen solo unas normas mínimas de comportamiento, como cumplir horarios, respetar el descanso y no acudir bajo los efectos del alcohol y las drogas. Pero, cuando una persona con adicción tiene una fuente de ingresos permanente, hasta esos requisitos resultan difíciles de cumplir. Las sustancias que consumen le llevan a tener comportamientos violentos que, en ocasiones, obligan a expulsarles de este refugio donde tienen acceso a una cama, a alimento y al aseo e higiene básicos. Esta situación complica aún más su salida de las calles y enquista el problema. Y en muchos casos, si no es con apoyo judicial, los servicios municipales y las ONG poco pueden hacer.
