El Ministerio retrasa de nuevo la reforma del Palacio de Justicia de Gran Vía

«Se prevé que la licitación de las obras se inicie dentro del primer trimestre de 2024 y la adjudicación e inicio en el segundo semestre». Después de dieciocho años de espera y de que en 2023 no se emprendiesen los trabajos como comprometían los Presupuestos Generales del Estado, el pasado abril el Gobierno de Pedro Sánchez dio por escrito en el Parlamento ese nuevo plazo para la necesaria reforma del edificio de la Audiencia Provincial de Salamanca. Pero, en vista de que no iba a cumplirlo, el 18 de junio el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes respondió, también por escrito, a este periódico que la licitación  ya se preveía, no para la primera mitad de año, sino para julio. Lo cierto es que es agosto y no se ha cumplido ninguno de los dos plazos. El procedimiento público para seleccionar a la empresa que se encargará de la remodelación interior del edificio ni siquiera se ha convocado. Por mucho que se agilice la tramitación, el departamento que dirige el ministro Félix Bolaños no iniciará esta reforma antes de que concluya este ejercicio. El propio Ministerio ha dejado claro ya que, aunque desde mayo está listo el edificio contiguo para albergar de forma provisional los órganos judiciales mientras se desarrolla la reforma, «el traslado de los efectivos no se efectuará hasta 2025, cuando el inicio de las obras del Palacio de Justicia sea inminente». En el calendario más optimista, la rehabilitación del edificio de la Audiencia no estaría concluida hasta principios de 2027, dos décadas después de que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero comprometiese una solución para este edificio. La documentación del Ministerio recoge que se necesitarán dos años para acometer los trabajos para mejorar la accesibilidad, acabar con los problemas de humedades así como con la deficiente conservación del inmueble después de casi 70 años sin un arreglo «en condiciones», como denunció el presidente de la Audiencia en la memoria de 2022. Para poder acometer estas obras que hace cuatro años se presupuestaban en casi 3,5 millones de euros, desde noviembre la Justicia salmantina se ha visto sumida en una auténtico «tetris» de cambios de ubicación de juzgados.

El pasado 23 de julio se cumplió un año de las últimas elecciones generales y, a pesar de que el Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido ya veinte meses para ejecutar los Presupuestos Generales del Estado de 2023, que se encuentran prorrogados y en los que se fijaba el inicio de los trabajos ese mismo año, el Ministerio ha incumplido reiteradamente todos los plazos que ha dado para este proyecto.

La excusa que Justicia esgrimía en abril es que «circunstancias sobrevenidas e imprevisibles en el momento en el que tuvo lugar la licitación del contrato de servicios de redacción del proyecto y dirección facultativa de la obras han hecho necesaria una modificación del contrato previa a la redacción del proyecto de ejecución». Fue en junio de 2020 cuando se adjudicó por 248.000 euros la redacción tanto del proyecto básico como de ejecución y se dio a la empresa encargada un plazo de dos años para que ambos estuviesen listos, pero en 2024 todavía se están introduciendo cambios en él.

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