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El colectivo médico está «más cerca que lejos» de convocar una huelga general contra «las imposiciones que quiere llevar a cabo la ministra de Sanidad, Mónica García».
De momento, los sindicatos médicos de Castilla y León se concentrarán el próximo 10 de febrero frente a la delegación del Gobierno en Valladolid. Tres días después -el 13 de febrero- las protestas adquirirán relevancia nacional y se concentrarán frente al Ministerio de Sanidad, pero serán actos de los delegados sindicales, porque ambas fechas son días laborables.
«Las protestas son contra el Ministerio por la f alta de negociación y las imposiciones a la hora de renovar el estatuto marco», explica Tomás Toranzo (CESM), que relativiza la polémica sobre la prohibición de que los jefes de servicio alternen su trabajo con la sanidad privada: «Eso es secundario. Es el propio Ministerio quien quiere centrar la atención en ese tema y lo usa de forma demagógica, pero no es un gran problema porque hay comunidades en las que ya estaba prohibido y hospitales en los que ni existen esos casos».
Toranzo vaticina que el escenario de que el conflicto desemboque en una huelga médica generalizada es «muy factible».
Los puntos de fricción más importante entre los que pretende la ministra y lo que no se le ha consultado a los médicos apuntan más a la exclusividad de los adjuntos recién especializados y las horas de guardia. «A un médico que acaba de terminar la residencia no puedes imponerle cinco años de exclusividad sin garantizarle que luego va a seguir teniendo un trabajo en la sanidad pública. En vez de retener a la fuerza hay que atraer», opina Toranzo.
Respecto a las guardias, Mónica García desea limitar la jornada de trabajo -jornada ordinaria más guardias- a un máximo de 17 horas (24 horas en fin de semana), pero los facultativos -que tampoco están conformes con el sistema actual de guardias- consideran que las plantillas son insuficientes para llevar a cabo ese modelo de guardias.
«Posiblemente haya que incentivarlas para que la gente quiera hacerlas y no sean obligatorias, pero está claro que el sistema sanitario debe funcionar las 24 horas del día y los 365 del año».
Los días de formación continuada, descansos, jubilación, etc, también llevan a CESM a interpretar que «la ministra peca de hiperregulación, pero no da soluciones a los problemas».
El último de los grandes puntos de discordia es la clasificación profesional de los médicos. «No puede ser que una profesión que exige una formación de 12 años, y que es la responsable última del proceso asistencial, tenga el mismo nivel que profesionales a los que les basta con cuatro años para poder ejercer. No hay correlación entre las exigencias de uno y otro con sus clasificaciones profesionales. Todo conduce a abaratar costes y disminuir responsabilidades para precarizar las competencias profesionales».
Salamanca ha asistido a grandes huelgas médicas en las que los facultativos cortaban la Gran Vía, protestaban en plena Plaza Mayor o hacían un recorrido a pie por todo el centro de la ciudad. ¿Los motivos de aquellas movilizaciones? «Prácticamente los mismos que ahora», recuerda Tomás Toranzo, que apunta a que el estatuto marco que ahora se va a reformar «viene de 2003».
Los facultativos se han echado a las calles de Salamanca en otras ocasiones cuando se les intentó imponer la exclusividad en el sistema público de salud y se consiguió desdoblar el complemento específico para superar esa 'incompatibilidad'. «También peleamos por la jornada de 35 horas, porque se nos quería eliminar el descanso después de las guardias, y se ganó».
Toranzo recuerda una gran huelga en 1995 «por lo de siempre: querer controlar al médico y tratarle como a un empleado más, cuando en realidad es quien decide el proceso asistencial». «Un médico solo puede tomar decisiones si eres libre para tomar esas decisiones, pero no porque la dirección te diga que no hagas resonancias o que no operes determinadas cosas para reducir las listas de espera».
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