Los joyeros exigen ampliar la moratoria de la Ley de Seguridad

“Si los sistemas actuales de seguridad funcionan no tiene ningún sentido llevar a los negocios a una situación de penuria económica por afrontar el gasto de incluir dos o tres elementos más de seguridad”, sostiene el presidente de la Federación de Joyeros de Castilla y León (Ferjocale), Jesús Prieto.

Dada la delicada situación económica de los negocios en este contexto de crisis, considera que muchos no están preparados para costear los cambios en diciembre, cuando acaba la moratoria actual de la Ley de Seguridad Privada. Por eso el colectivo ha pedido ampliar el plazo para cumplir con la norma que exige, entre otros puntos, la sustitución de los sensores volumétricos de presencia, que conllevaría el cambio de la central de seguridad, donde también tienen que conectar los sistemas de grabación.

La nueva normativa también impone la apertura retardada de las cámaras acorazadas aunque, en este caso, Prieto subraya que el coste no sería excesivo. Además, el colectivo de joyeros también está afectado por la decisión de Hacienda de sustituir los sistemas informáticos para implantar la factura electrónica y simplificada.

“Es otro desembolso añadido y los negocios no dan para todo”, insiste el presidente regional. “La Administración debe tener en cuenta la realidad de los sectores y del nuestro en concreto, ya que la economía de muchos establecimientos se resiente porque si las familias no llegan a fin de mes, lo último que hacen es ir a comprar una joya”, añade el representante regional.

En cambio el presidente del colectivo en Salamanca, Aurelio Díez, defiende la necesidad de poner la normativa en marcha. “Yo me ajusté a la ley en su momento y lo costoso es montar el sistema, pero si pedimos seguridad hay que pagarla”, matiza.

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