La ley y los informes sociales, coladeros para la okupación
El exceso de celo de los funcionarios conduce a declarar la vulnerabilidad sin comprobar rentas o propiedades
La ley de Vivienda, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2023, ha agravado uno de los problemas del mercado del alquiler: la «inquiokupación», un término que no está reconocido legalmente e incluso está mal visto políticamente, pero que hace referencia a aquellos inquilinos con contrato de arrendamiento legal y que empiezan a pagar religiosamente el alquiler y a los pocos meses dejan de hacerlo, se declaran «vulnerables» y se quedan en la vivienda meses o varios años sin pagar ni siquiera los suministros como el gas o la luz.
Las administraciones públicas e inmobiliarias han advertido de los efectos perniciosos de esta normativa y del Real Decreto-ley, conocido como el decreto social, acordado entre el Gobierno y Junts, que incluye la paralización de los desalojos de personas vulnerables sin alternativa habitacional, es decir, ningún okupa e «inquiokupa» vulnerable, tenga o no sentencia judicial firme en contra, podrá ser desahuciado. Este Real Decreto-ley de 2020 se ha ido prorrogando desde la pandemia y estará en vigor, de momento, hasta el 31 de diciembre de este año, aunque los afectados sospechan que habrá una nueva prórroga.
Los inquilinos cuando dejan de pagar, al tener contrato de alquiler previo, no se considera allanamiento ni usurpación, por lo que no es un delito de okupación al uso.
Para el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, la normativa del Gobierno en materia de vivienda «es una aberración» porque deja la asistencia social en manos de los arrendadores en lugar de ser el Estado el que dé soluciones a los problemas de vivienda para los colectivos vulnerables. «Lo hemos advertido. Esta Ley no soluciona la falta de vivienda, sino todo lo contrario, porque los propietarios prefieren no poner las viviendas en el mercado del alquiler porque los deja indefensos», afirma.
Los ayuntamientos y las administraciones provinciales, que son los que tienen que elaborar los informes de vulnerabilidad que sirven a los juzgados para declarar a un inquilino vulnerable y, por tanto, para que pueda continuar en la vivienda sin pagar el alquiler y los suministros, también sostienen que la ley del Gobierno de Sánchez ha tensionado mucho más el mercado del alquiler y ha disparado los requerimientos de los juzgados para emitir informes que suponen comprobar que un inquilino con un contrato de alquiler de pronto se ha convertido en una persona vulnerable. En los últimos años la mayoría de los informes que emite el Ayuntamiento de Salamanca y la Diputación sobre vulnerabilidad a instancias judiciales se refieren al impago de alquileres, por encima del impago hipotecario.
Ni un juez ni un político cuestiona un informe de vulnerabilidad firmado normalmente por un asistente social de los Centros de Acción Social repartidos por la ciudad y por la provincia. Estos documentos son la clave para que el desahucio se prolongue meses e incluso varios años. Y en muchos casos el «mal entendido» celo del funcionario hace que se crea al «inquiokupa» sin verificar los datos que él mismo les facilita como rentas, ingresos o, como le ha ocurrido al matrimonio de Fernando y María, sin contrastar que su inquilina tenía otra vivienda en propiedad y lleva más de un año sin pagarles el alquiler ni los suministros.
Simplemente nadie comprobó que los vulnerables eran los propietarios de la vivienda que viven con una pequeña pensión, mientras al arrendatario le han declarado «vulnerable» sin comprobar que tienen un inmueble a su nombre en el que podría vivir perfectamente sin convertirse en «inquiokupa».
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