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Miércoles, 28 de febrero 2024, 11:59
Los sistemas de videoconferencia y de gestión informática continúan siendo uno de los grandes lastres de la Justicia salmantina. Las recurrentes averías y los problemas de conexión acentúan los retrasos en la resolución de muchos procedimientos. Para los jueces de la capital del ... Tormes, es necesario que el Ministerio «se proceda a la mejora de la capacidad y la velocidad de las distintas aplicaciones informáticas». «Pese a las bondades del sistema en cuanto que supone un ahorro de tiempo y optimización de trabajo, ha evidenciado que se precisa un sistema con mayor capacidad de transmisión de datos que evite tanto la actual lentitud como los continuos fallos de conexión, que, pese al tiempo transcurrido desde su implantación, siguen persistiendo y ralentizando el trabajo diario», señala el juez decano, Juan Rollán, en el informe remitido al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
«Minerva», como se llama el sistema de gestión procesal que se utiliza en los tribunales de la provincia, no solo es lento, sino que cuando se avería puede pasar toda una mañana sin funcionar, como ha ocurrido en repetidas ocasiones durante el último año. «Es necesario que se agilice la resolución de incidencias», recalcan los jueces, que también apuntan que el Ministerio realiza actualizaciones que no comunica a los empleados y que resulta engorroso en la realización de múltiples trámites.
Si bien los fallos de «Minerva» exasperan a todos los funcionarios, ya que les afectan por igual, las fallidas videoconferencias provocan retrasos más importantes en la resolución de los procedimientos. Durante la huelga de funcionarios, se comprobó que la falta de este servicio representaba un cuello de botella. Pero no solo las protestas de los funcionarios privaron a los juzgados de las videoconferencias, sino también las propias deficiencias técnicas. Es «frecuente que, cuando se señala un juicio u otro acto judicial, el juzgado que debe facilitar la conexión no tiene disponibilidad de sala por tener ese día ocupado, lo que obliga continuamente a demorar los señalamientos y confeccionar y remitir nuevas peticiones de auxilio judicial nacional», remarca la memoria. Pero además el sistema que el Ministerio ha implantado en el territorio en el que las competencias no han sido transferidas a las autonomías, como Castilla y León, no siempre son compatibles con los de otras comunidades, lo que dificulta el visionado y la audición.
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