«La Junta ha pedido al Estado que actualice la directriz obsoleta que rige los planes de inundaciones»

¿Cuál es el protocolo de Castilla y León ante una emergencia como la de Valencia?

—En Castilla y León, aparte del Es-Alert, que es la alerta inmediata a través del móvil a un número importante de ciudadanos, desde el nivel amarillo se preavisa a alcaldes, presidentes de diputación y los delegados territoriales de la Junta. A partir de ese momento se les envían notificaciones puntuales, tres veces al día, de los niveles de las cuencas hidrográficas que están en ese momento en riesgo. Si se pasa a aviso naranja, la Agencia de Protección Civil hace un seguimiento con nuestro meteorólogo y, si valoramos que la situación se complica, emitimos una alerta, que es distinta a los avisos. Esta ya conlleva que se publica en medios de comunicación. Se hacen públicas las zonas que están amenazadas, y se prealerta ya a todos los servicios de emergencia. Si esa situación se sigue complicando, es cuando se entraría en acción con el mensaje del Es-Alert. Antes de emitir ese mensaje hay tres validadores previos, el último es el director de la agencia, en este caso, yo. En el mensaje pone de qué se alerta, dónde se alerta y la máxima precaución.

Una vez aprieta el botón rojo, ¿quién decide si se desaloja un municipio?

—En Castilla y León tenemos varios planes especiales para determinados fenómenos adversos. Para inundaciones, está INUNCYL, que tiene tres niveles. El primero es una fase de alerta. El segundo, de emergencia y el tercero ya es una fase en la que los medios de la comunidad se ven superados y se pide la ayuda al Estado, que tomaría el mando.

¿Qué ocurre cuando se activa un plan, como el INUNCYL?

—Si es a nivel provincial, nivel 1, el delegado territorial lleva el mando del plan y activa a todos aquellos servicios que están directamente relacionados con la emergencia. Se constituye el CECOP, que es el Centro de Emergencia Provincial. Participa el Estado con los subdelegados del Gobierno, los técnicos de la Junta que son necesarios para esa emergencia, el presidente de la Diputación, y los ayuntamientos que estén afectados. También los cuerpos y fuerzas de seguridad. Es ahí donde se decide si se evacua, se desaloja, se confina o no. Y es el mismo sistema a nivel de comunidad, salvo que entran los delegados territoriales de cada provincia afectada.

Tras lo ocurrido en Valencia, ¿debe revisarse ese protocolo?

—Nuestros protocolos están bajo la lupa de forma diaria. Cada vez que se activan, se revisan, porque cada emergencia es distinta y aporta variables que se deben incorporar y lo hacemos. Cosa distinta es que el INUNCYL como plan no se pueda actualizar porque se rige por una directriz básica del Estado que está sin actualizarse desde 1994. Nosotros funcionamos con datos de 2022, porque los ciclos de las inundaciones son de cada 5, 10 o 50 años. Podemos decir que nuestros datos están actualizados, pero por mucho que queramos actualizar nuestro plan, no podemos hacerlo porque la norma por la que se rige está obsoleta desde 1994. La Junta de Castilla y León ya ha solicitado al Estado en varias ocasiones que se actualice. La última vez fue en el Consejo Nacional de Protección Civil el 9 de abril.

Las confederaciones hidrográficas, dependientes del Estado, controlan los cauces. ¿Cómo es la comunicación de la Junta con ellas?

—Trabajamos de forma habitual con las confederaciones hidrográfica. Nos van suministrando en los distintos episodios que ha habido la información de las cuencas y del nivel. Los suministran tres veces al día. Nos informan de la fase de vigilancia, que se activa previamente a que se inicie un episodio. También trabajamos de forma coordinada con la Agencia Estatal de Meteorología y mantenemos un cauce de comunicación bastante fluido .

¿Hasta qué punto es importante este nuevo sistema de prealerta a través del móvil, Es-Alert?

—Para Castilla y León es una herramienta más de trabajo y es importante en la medida en que alerta a un gran número de personas que no están en el circuito de Protección Civil, porque están en el ámbito de la sociedad civil. A nosotros nos parece que es una herramienta útil y hemos tenido ocasión de probarla en un caso real. La probamos en octubre en la búsqueda de una persona mayor que había desaparecido. Establecimos un radio de acción de 12 kilómetros en torno al punto en el que se le había visto por última vez y en el mensaje informamos de cómo iba vestido y de su edad. Lo emitimos en esa zona y la persona apareció. Nosotros sí le vemos utilidad.

¿Y la población es consciente de la importancia ese sistema?

—En Castilla y León, antes de poner en funcionamiento el sistema de prealerta ES-Alert, hicimos cuatro pruebas: dos en el ámbito urbano y dos en el rural. Las cuatro veces, por parte de la ciudadanía, salió bien y hubo una en el caso urbano y otra en el ámbito rural que salió regular, pero no por los ciudadanos, sino por parte de las empresas de telefonía móvil que dieron problemas.

¿Hasta qué punto el exceso de información sobre las DANAS nos ha hecho bajar la guardia?

—Esto sí que es un poco como que viene el lobo y eso lo entendemos todos. Con respecto al Es-Alert es solamente para casos en los que verdaderamente existe un alerta real y corre peligro la vida de la ciudadanía. La última alerta que emitimos fue en octubre por los fuertes vientos y la situación fue tremenda.

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