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Decenas de ciudadanos se han sumado en la mañana de este miércoles a la concentración convocada por las asociaciones de jueces y fiscales a las puertas de los juzgados de Colón para expresar su indignación con el Gobierno de Pedro Sánchez. Entre aplausos y gritos de «¡Sánchez, dimisión!», el presidente de la Audiencia Provincial de Salamanca, José Antonio Vega, y otro magistrado de este tribunal, José María Crespo, han leído un manifiesto en el que anuncian ya una huelga si el Ejecutivo no retira el proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal, así como el anteproyecto de reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.
«No quepa duda de que estas reformas de que hablamos, enmarcadas entre otras que se han ido produciendo, van encaminadas a convertir al poder judicial en un poder con minúscula, un poder más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder, en la senda de las democracias iliberales que, por eso, no lo son realmente», ha leído Vega, rodeado no solo de jueces y fiscales, sino también de abogados y funcionarios de Justicia que se han sumado a la concentración, que se ha celebrado en paralelo a otras en diferentes puntos de España.
A excepción de las asociaciones progresistas de jueces y fiscales, más cercanas al Gobierno, el resto han respaldado y promovido esta protesta. Se trata concretamente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). A la concentración han asistido numerosos jueces y prácticamente todos los fiscales. No ha asistido, no obstante, el fiscal jefe de Salamanca, Juan José Pereña, que se encuentra fuera de Salamanca, concretamente en La Escuela de Verano del Ministerio Fiscal que ha comenzado este miércoles en el Pazo de Mariñán (La Coruña).
Respecto al proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal, las asociaciones insisten en que «se trata de una reforma legal que va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para nuestra formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración».
Denuncian que «se pretende crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno y, por ello, con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país».
Por lo que respecta a la reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, a través del manifiesto han criticado «se quieren aumentar las competencias del Fiscal General del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, también de los futuros fiscales de instrucción que quieren crearse, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo, lo que, sumado a la eliminación de garantías de autonomía de los fiscales, incrementará aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción».
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