El Ingreso Mínimo Vital frena la inserción laboral de los salmantinos más vulnerables
En año y medio los beneficiarios aumentaron un 35%, y el 70% de los salmantinos que lo han recibido alguna vez desde que se creó en 2020 lo siguen cobrando hoy
Margarita, sin pareja y con dos hijos a su cargo, solicitó el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y lo ha estado cobrando durante varios meses. Para concedérselo la Seguridad Social tuvo en cuenta su declaración de la Renta del ejercicio anterior, cuando aún no tenía empleo. Ahora, el Estado le reclama la devolución de gran parte del dinero que cobró porque durante algunos meses lo compatibilizó con un pequeño trabajo. Lo cierto es que ya no tiene ese dinero porque vuelve a encontrarse en el paro de nuevo y con lo que ingresaba vivía prácticamente al día. Su situación ahora es mucho peor que cuando solicitó el IMV. Tiene una deuda con la Seguridad Social, no tiene empleo y, como el pasado año cobró una nómina, es muy probable que, si vuelve a solicitarla, ahora el Estado le deniegue la prestación dado que se tiene en cuenta su renta del pasado año. En el caso de que se le reconozca de nuevo su derecho a percibirlo, pasarán varios meses hasta que pueda cobrarlo, un periodo de tiempo al que no puede hacer frente sin ningún tipo de ahorro. «La historia es real pero el nombre es ficticio. Y el caso de Margarita no es uno, sino muchos», explica Oliva Martín, responsable de Acogida de Cáritas de Salamanca. Es tan solo un ejemplo claro de como el Ingreso Mínimo Vital desincentiva la búsqueda de empleo y lleva a muchos de sus perceptores a rechazas oportunidades laborales.
No es una conclusión a la que solo llegue Cáritas, sino también otras ONG consultadas por este periódico, y principalmente la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). En su último informe, de este julio, señala que «la prestación reduce el número de días trabajados en 0,6 días mensuales (un 11% respecto al promedio previo) y disminuye la probabilidad de trabajar en tres puntos porcentuales (una caída del 12%). Estos efectos negativos sobre la participación laboral se mantienen incluso en las cohortes que comenzaron a percibir el IMV tras la entrada en vigor del incentivo al empleo en enero de 2023, lo cual evidencia la persistencia del impacto desincentivador y la reducida eficacia de este mecanismo».
Los propios datos del Ministerio de Inclusión lo evidencian. Lejos de disminuir, el número de beneficiarios del IMV en la provincia no deja de aumentar. En tan solo año y medio, se han incrementado más de un 35%. Y, por otra parte, el 70% de los que lo han percibido desde que se implantó en junio de 2020, casi tres de cada cuatro, lo continúan cobrando hoy. Si en cinco años se han concedido en Salamanca 7.357 prestaciones que beneficiaban a hogares en los que vivían 20.945 personas, en la actualidad siguen teniendo derecho a él 4.958 unidades familiares conformadas por 14.700 personas.
«La valoración sobre la necesidad de percibir el Ingreso Mínimo Vital y su cuantía debe realizarse atendiendo a la situación del solicitante en los últimos tres meses, como recomendó Cáritas Europa a España en junio de 2025», señala Oliva Martín. «Esto permitiría conocer con más exactitud sus ingresos económicos en un momento determinado o la falta de los mismos y facilitaría la accesibilidad de esta prestación», apunta incidiendo en que precisamente «las personas en situación de vulnerabilidad y exclusión tienen unas vidas muy frágiles y, para ellas, las situaciones de empleo o vivienda cambian continuamente, lo que dificulta aún más su situación».
A diferencia de la Renta Garantizada de Ciudadanía de la Junta de Castilla y León, que exige una búsqueda activa de empleo o que no exista absentismo escolar por parte de los niños de la familia, entre otros requisitos, el Ingreso Mínimo Vital es un derecho subjetivo, como tal «no está vinculado a que las personas lo merezcan o no, sino solamente a cubrir sus necesidades básicas independientemente de que busquen o no trabajo», explican los trabajadores sociales.
Frente a esta prestación que desincentiva la inserción laboral, la concejala de Familia de Salamanca, Miryam Rodríguez, explica que, aunque también concede ayudas de emergencia y de primera necesidad, el Ayuntamiento apuesta por «proporcionar oportunidades de mejorar la empleabilidad a las personas, teniendo en cuenta aquellas que tienen circunstancias de acceso al empleo más complicadas, como por ejemplo, ser mayor de 45 años o ser parado de larga duración». «Se calcula que este año vamos a formar a unas 2.000 personas, cuatro veces más de lo que se venía haciendo y gracias al contacto con el empresariado salmantino podemos lograr que dicha formación se ajuste a las necesidades del mercado laboral, a fin de que se incremente la inserción laboral, que es la mejor forma de lograr la inserción social», recalca la edil.
El incentivo al empleo del Ministerio no da resultado
En enero de 2023 el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones introdujo en el Ingreso Mínimo Vital un incentivo al empleo, que permite que los beneficiarios que mejoren su situación laboral no vean reducida su prestación económica de forma proporcional al aumento de sus ingresos, sino que una parte de esos nuevos ingresos se considera exenta, y así pueden mejorar su situación económica. Sin embargo, la Airef apunta «su incapacidad para mitigar los efectos desincentivadores identificados en los doce primeros meses desde su entrada en vigor, no generando impactos significativos ni sobre la intensidad laboral ni sobre las tasas de participación». Y desde Cáritas Salamanca, la responsable de Acogida, Oliva Martín, indica que «sería deseable una reformulación completa de este incentivo».
Ante el periodo en el que los hogares más vulnerables se enfrentan a semanas sin ingresos porque dejan de cobrar la nómina de un contrato de un empleo temporal y hay que esperar meses a que se les reactive el IMV, sugiere «continuar promoviendo las fórmulas para la concesión o renovación automática del IMV cuando finalice el trabajo de forma que este no tenga un efecto desincentivador». En la misma línea, apuesta por «el refuerzo de programas de acompañamiento individualizado y/o familiar» para «prevenir el riesgo de pobreza de las personas que carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades fundamentales y también ayudar a su promoción».
Una ayuda que puede superar el Salario Mínimo
La cuantía media que perciben los salmantinos que cobran el Ingreso Mínimo Vital fue en junio de 506,84 euros. Si bien hay quienes cobran mucho menos, la ayuda puede llegar a superar el importe del Salario Mínimo Interprofesional en función de los miembros de la unidad familiar. Así, el Ministerio fija 1.199,04 euros al mes para una familia monoparental formada por un adulto y dos menores, importe al que habría que sumar un complemento mensual de ayuda para la infancia por cada menor de edad miembro de la unidad de convivencia, que va desde los 57,5 a los 115 euros en función de la edad de los niños, con lo que la prestación puede llegar a superar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Para una unidad de convivencia formada por un adulto y cuatro o más menores, dos adultos y tres o más menores o tres adultos y dos o más menores, o por cuatro adultos y un menor, se fija un IMV de 1.449,39 euros. Por el contrario, para una persona que vive sola son 658,81 euros.
No obstante, si los beneficiarios tienen otro tipo de rentas e ingresos, estos se le restarán a la renta garantizada que corresponde a la unidad de convivencia para calcular el IMV que corresponde. Es decir, si una familia de dos adultos y dos menores ingresa 600 euros por un empleo a tiempo parcial, esta cuantía se restará a los 1.251,75 euros que le corresponderían pagar, aunque si se aplica el incentivo de empleo realmente sería le privaría de una cantidad inferior a ese salario.
