Ninguneo de la ministra de Universidades a Castilla y León

Indignación en la Junta de Castilla y León y en la Universidad de Salamanca con la decisión del Ministerio de Universidad de dejar fuera del grupo de trabajo que ayer comenzó su andadura para abordar la aplicación de la 'ley Castells' (LOSU).

Según publica ABC, mediante una carta firmada por la Secretaría General de Universidades se informaba de que «dada la gran demanda de CCAA que han pedido formar parte del grupo de trabajo que haría inviable su correcto funcionamiento, se ha realizado una selección de 6 comunidades representantes entre las que han manifestado su interés de participar en el grupo de trabajo», arroja el documento. Aragón, La Rioja, Castilla y León y Murcia son las cuatro comunidades que se han quedado fuera.

La idea del Gobierno es que lo que se construya en este grupo se eleve a la Conferencia General de Política Universitaria donde sí están todas las comunidades. Las principales quejas se centran en que las comunidades quieren estar presentes durante el proceso de negociación y no ir a la reunión final.

«Me parece impresentable. Si esta va a ser la forma de trabajar de la nueva ministra, deja mucho que desear. La ministra ha creado un grupo de trabajo para definir el calendario de la implantación de la nueva LOSU sin Castilla y León. No sólo ha dejado fuera a la Junta, también a las universidades, ninguna está representada en ese grupo de trabajo», denuncia Rocío Lucas, consejera de Educación de la Junta de Castilla y León.

«Esta dinámica muestra una falta de diálogo y consenso muy preocupante. No vamos a permitir que ninguna otra comunidad tome decisiones por nosotros. Seguiremos peleando por estar ahí», agrega Rocío Lucas.

En esta misma línea se mueve Ricardo Rivero, rector de la Universidad de Salamanca. «La LOSU es un despropósito que no ha venido a resolver necesidades sino a crear problemas que hay que solucionar en comisiones como esta que encima deberían ser lo más participativas posible», indica Rivero, que explica que este último agravio del Ministerio de Universidad es «un hito más en el despropósito continuo que es la LOSU».

Ricardo Rivero además pone sobre la mesa que «es grave que se excluya a comunidades que después van a tener que asumir con sus recursos los cambios que allí se determinen». La reflexión del rector de la Universidad de Salamanca apunta a que «si se está tardando tanto en aplicar la LOSU se debe a que no está bien», mientras que resalta que «hasta ahora algunos de los implicados no han mostrado un rechazo mucho mayor esperando la llegada de una financiación para esa ley que no acaba de llegar, por lo que todo esto me suena a que se están dilatando los plazos o por lo menos ralentizándolos para retrasar ese desembolso de presupuesto del Gobierno».

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