«El Gobierno de Sánchez es el que hace caja con las personas más vulnerables»

Parece una mujer distante y dura por su formación como ingeniera de Caminos, Canales y Puertos. Con frecuencia le preguntan qué hace una ingeniera al frente de los servicios sociales de la Junta, una pregunta que a ella le sorprende bastante. Nacida en Madrid, aunque zamorana de corazón —donde sigue viviendo—, Isabel Blanco tiene los temas sociales en la cabeza: menores, mayores, mujeres, enfermos de ELA... y los recursos disponibles se los sabe de memoria. Continuamente esboza una sonrisa, sobre todo cuando alguien le saca el tema de la Semana Santa de su querida Zamora, pero cuando recuerda el peor momento al frente de la consejería habla, con la voz quebrada, de la dureza de la pandemia de la COVID. Con lágrimas en los ojos recuerda cómo tuvieron que improvisar recursos para acoger a menores cuyos padres estaban en algún hospital o a las prostitutas que nadie quería después de haberse contagiado. Es una mujer muy familiar a la que le gusta viajar con sus dos sobrinos.

Acaban de presentar los presupuestos. ¿Lograrán aprobarlos o solo servirán para cumplir el mandato del Estatuto?

—Nosotros los hemos presentado precisamente para trabajar sobre ellos. Es curioso: el año pasado los presentamos, el presidente se reunió con los grupos que quisieron, dijeron que había que remitirlos a las Cortes para que se negociaran allí y les pareció mal. Este año los hemos aprobado y nuestra intención es negociar.

Ustedes sacan pecho con la gestión de la Ley de la Dependencia, pero hay familias que se quejan de que las ayudas tardan en llegar.

—Castilla y León es la comunidad que más rápido resuelve. Estamos hablando de 113 días de media, según los últimos datos. Nosotros resolvemos, además, de manera conjunta el grado de dependencia de la persona y el PIA (documento que, tras la valoración de una persona, detalla los servicios y prestaciones económicas que recibirá para atender sus necesidades de dependencia). Hay expedientes que se van un poco más de ese tiempo, pero el reconocimiento del derecho es efectivo desde el segundo mes. Es decir, aunque tardemos cuatro meses en resolver en alguna situación excepcional, se le ingresa desde el segundo mes. Somos la comunidad que más ágilmente resuelve.

¿Y qué ocurre con los enfermos de ELA, que no les llega con la Ley de Dependencia?

—Respecto a las personas que tienen ELA, nosotros empezamos a trabajar con la asociación en Castilla y León precisamente para darles ayudas. Hemos ido a través de la asociación; tenemos dos programas o dos maneras de prestar esa ayuda a las personas con ELA: a través de la propia asociación —y la subvención se ha ido incrementando anualmente, según lo que ellos mismos nos van trasladando— y la segunda, a través de INTecum, que es uno de los programas mejor valorados que tenemos en esta comunidad, precisamente para atender a las personas mayores o a las que necesitan cuidados paliativos en sus domicilios. La última modificación que hicimos ya del protocolo ELA, de acuerdo con la asociación, fue ponerles nosotros el asistente personal las 24 horas. Es decir: ¿qué necesitas? Aparte de camas, obras, cuidados y demás, si necesitan un asistente personal, nosotros se lo ponemos las 24 horas o el tiempo que necesiten. Una de las cosas que contemplaba la ley ELA era abonar el 50% de las cuotas de cotización a la Seguridad Social de las personas que hubieran tenido que dejar de trabajar para cuidar a los enfermos de ELA. Nosotros nos hemos comprometido a pagar el otro 50%, de manera que la persona que deja de trabajar no tenga que abonar esas cuotas para seguir manteniendo su categoría. Vamos más allá de lo que es una ayuda económica: vamos a darle el servicio que realmente necesitan.

¿Puede un mayor dependiente pagar con su pensión una plaza de residencia que cuesta de media por encima de los 3.000 euros?

—Hay de todo. Las plazas en Castilla y León tienen precios muy diferentes, dependiendo, por ejemplo, de si están en el mundo rural o en las grandes ciudades, o si se trata, por ejemplo, de entidades religiosas que tienen muchas residencias también. En Castilla y León tenemos plazas que van desde los 800 o 900 euros hasta los precios que usted menciona. Cuando damos las ayudas de la dependencia, la ley marca que el usuario tiene que aportar en función de su capacidad económica, patrimonio, ingresos y demás.

La ministra de Seguridad Social acusó a las comunidades del PP de ahorrar en políticas sociales para bajar el impuesto a los que más tienen.

—Es mentira. Nosotros no ahorramos en políticas sociales. De hecho, el índice DEC, que mide el desarrollo de los servicios sociales en España, dice que somos líderes en políticas sociales. El presupuesto que se destina en Castilla y León ha subido respecto a la media, luego aquí no ahorramos en políticas sociales. La prueba es que el presupuesto de este año es de más de 1.500 millones, concretamente 1.524 millones de euros, destinados a las personas dependientes, a las personas con discapacidad, a las mujeres víctimas de violencia machista, a las personas más vulnerables, a los menores. Luego es todo lo contrario: el que hace caja con las personas más vulnerables es el Gobierno.

¿En qué sentido?

—La ley dice que tienen que pagar el 50% de la dependencia. El último certificado de dependencia en Castilla y León fue de 888,7 millones y el Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto 326,6: un 36,75% frente al 50% que tenía que poner. Nosotros aportamos el 63,25%. ¿Quién es el que está engañando a las personas de Castilla y León? ¿Quiénes son los que están haciendo caja con los derechos de las personas de Castilla y León? ¿Quién está incumpliendo la ley?

Han pedido la gestión del Ingreso Mínimo Vital. ¿Tienen constancia de que no se controla, como han denunciado algunas ONG que trabajan con personas que lo reciben?

—Nosotros hemos pedido reiteradamente desde el primer momento la gestión del Ingreso Mínimo Vital en las mismas condiciones que se le ha dado, por ejemplo, al País Vasco. Es decir, que nos den la totalidad de la gestión del ingreso mínimo vital. No somos comunidades de segunda: queremos ser igual que las demás.

¿Por qué cree que desde la comunidad se gestionaría mejor que desde el Gobierno?

—El Ingreso Mínimo Vital es similar a nuestra Renta Garantizada de Ciudadanía, que la recibe esa persona que ya no tiene nada, que ya ha solicitado todo y ha agotado todas las prestaciones. Nuestra renta va vinculada a dos condiciones que nosotros consideramos fundamentales: por un lado, la búsqueda activa de empleo y la participación en itinerarios —y al que no cumple, se le retira la renta—; la segunda condición va vinculada a los pequeños, que es eliminar el absentismo escolar.

¿Tienen datos de familias donde se ingrese el Ingreso Mínimo Vital y haya menores que no van al colegio?

—No tenemos datos en ese sentido porque el Gobierno no lo vigila, no lo pide. Lo que yo sí sé es que nosotros lo vigilamos y lo controlamos cuando se trata de la renta autonómica, y a las familias que no lo cumplen se les retira la Renta Garantizada de Ciudadanía. Y sí tenemos datos de las familias a las que se les ha suspendido. Pero para el Ingreso Mínimo Vital no se pide nada de esto, por eso hemos reclamado muchas veces la gestión, porque lo sabemos hacer. Hay una frase que digo siempre: los servicios sociales son la puerta de entrada para todas las personas que los necesitan, que en un momento dado pueden haber atravesado una mala situación, pero tienen que ser también la puerta de salida. No pueden permanecer en el sistema asistencial y hacer de eso su modo de vida.

Esta comunidad, como Madrid, mantiene un pulso con el Gobierno central por los migrantes menores no acompañados. ¿Está colapsada la capacidad para acoger más?

—Nosotros hemos cumplido siempre con la ley y con nuestras responsabilidades, y siempre en las mismas condiciones. El problema es cuando se obvian los sistemas de protección y se va a la imposición, y además de la imposición, a las cesiones del Gobierno a sus socios. Es curioso, pero Cataluña y el País Vasco no reciben menores.

Usted forma parte de la dirección del PP nacional y de la regional. ¿Hay desánimo por las encuestas?

—No, yo no veo desánimo. Veo que se trabaja todos los días precisamente para trasladar el proyecto tanto del presidente Feijóo a nivel nacional como del presidente Mañueco a nivel regional. Es un tópico, pero es verdad: las encuestas son una foto fija en un momento determinado.

¿Qué le ha parecido el último barómetro del CIS de esta semana, que sitúa al PSOE 15 puntos por encima del PP?

—Una ficción más de la factoría Tezanos. Es tremendo cómo se utilizan de esta manera los recursos públicos. Desde luego, no es lo que nos transmite la calle.

¿Y el crecimiento de Vox después de pegar la espantada de los gobiernos?

—Ellos se fueron de los gobiernos porque les dijeron que se fueran. Nos damos cuenta de que a Vox no le gusta gestionar, por eso se fueron. Si obviamos el CIS, las encuestas muestran que el PP va creciendo porque las políticas del PP piensan en las personas, piensan en las familias, en los autónomos.

¿Cómo ve la situación política de cara a las elecciones autonómicas que, según ha dicho el presidente, serán el 15 de marzo?

—La potestad para convocar las elecciones es del presidente. Él ha dicho que su objetivo es agotar la legislatura, y esa sería la fecha tope.

¿Pero manejan alguna encuesta en Castilla y León?

—No. Yo veo a un presidente consolidado, que tiene un proyecto de comunidad, que es el presidente Mañueco, que cree en esta tierra, que la conoce, que presenta ideas de presente y de futuro, que apuesta por las familias, por las personas, por los mayores, frente al ruido que hacen las demás formaciones políticas. Nosotros nos dedicamos a gestionar, y otros, a lo que se dedican, es al ruido ante la falta de propuestas.

¿Se ve en el nuevo Gobierno del PP si Alfonso Fernández Mañueco consigue la mayoría suficiente para gobernar?

—Pues yo, por ahora, me veo trabajando como lo estoy haciendo en este Gobierno.

¿Se plantea volver a su puesto de trabajo en la Diputación de Zamora cuando deje la política?

—Cuando se acabe mi vida política, volveré a mi puesto de trabajo. A mí me gusta mi trabajo. Soy ingeniera, y además de vocación.

¿Se rebelaría si en su partido hubiera habido personajes como Ábalos, Cerdán o Koldo, que hablan de las mujeres y de las prostitutas como si fueran objetos?

—Yo espero que en mi partido nunca haya un personaje como Ábalos, Cerdán o Koldo ocupando los puestos que ocuparon. Fíjese: en la época de Ábalos y Cerdán, el mismo puesto que ocupaban ellos —que eran el número dos del partido—, en el mío lo ocupaban mujeres: María Dolores de Cospedal y Cuca Gamarra. Nosotros creemos en la igualdad real. Yo espero que en mi partido no haya personajes de este tipo.

¿Pero se hubiera rebelado dentro del partido o se habría callado?

—Yo puedo hablar de mí, y desde luego lo hubiera denunciado públicamente, lo hubiera condenado públicamente y habría alzado la voz. La igualdad hay que demostrarla todos los días, y no es como la entiende el socialismo, que consiste en ponerse detrás de una pancarta y luego callarse. Eso no es igualdad. Hay muchas mujeres que, sin ponernos detrás de una pancarta, hemos trabajado durante muchos años por la igualdad. Cuando oigo determinadas frases, me revuelven. Cuando veo a compañeras que están en las Cortes jaleando, como jaleaban en su día a estos personajes, me parece tremendo, y más cuando son las que se dicen más feministas. El Gobierno que se dice más feminista es el que más daño ha hecho a las mujeres.

¿Cuál ha sido el peor momento que ha vivido como consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades?

—La pandemia. Para mí fue la situación más dura —la consejera se emociona y se le saltan las lágrimas—. La verdad es que la pandemia fue un punto de inflexión. Paralizó un país, nos metió a todos en casa y afectó, sobre todo, a las personas más vulnerables. Nos enfrentamos a muchas situaciones desconocidas y tuvimos que poner medidas en marcha muy rápido. ¿Qué hacíamos con los niños, por ejemplo, cuando los padres se contagiaban de COVID y había que llevarlos al hospital? Con las prostitutas, por ejemplo, nos encontramos con la situación de que, cuando se contagiaban, no las querían en ningún sitio. Las ponían literalmente en la calle. No las querían en los clubes, no las querían en los pisos. Eran mujeres a las que dejaban en la calle.

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