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La Universidad de Salamanca recibió el pasado año a 1.398 alumnos presenciales procedentes de Estados Unidos: de ellos 1.056 estuvieron en programas de 1 o 2 meses mientras que 342 lo hicieron con estancias que superaron los 90 días, según informa Cursos Internacionales de la Universidad. Precisamente, uno de los objetivos de internacionalización es ampliar los estudiantes norteamericanos.
A estos últimos son los que afecta la reciente entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería que establece trabas y requisitos imposibles de cumplir lo que ha provocado nerviosismo e incertidumbre ante los estudiantes que llegarán el próximo curso académico sobre todo para el segundo semestre —los trámites en los consulados se hacen con 3 o 4 meses de duración—. Los participantes en los cursos de verano no peligran porque lo pueden hacer con visado de turista.
¿Cuál es este entramado burocrático al que se enfrentan los estudiantes? Cada año los consulados generales de EEUU tramitan más de 20.000 visados para estudiantes universitarios norteamericanos, según la Asociación de Programas Norteamericanos en España (Apune). A partir de ahora se encontrarán importantes obstáculos. Entre ellos, la exigencia del pago previo de la matrícula cuando muchas universidades ni siquiera han abierto los plazos de preinscripción o la contratación de un seguro médico que cubra un periodo de 15 días anterior y posterior a su estancia en España.
«Los consulados americanos están desbordados de por sí, y esto a mayores está generando más incertidumbre porque cada uno está realizando una interpretación diferente», explica Javier García, representante de la Universidad de Wake Forest en Salamanca y miembro de Apune, que considera que el «impacto económico» puede ser importante ya que el gasto de los estadounidenses durante el tiempo que están en ciudades como Salamanca se distribuye en alojamientos, gastos de matrícula, compras a los que se suma un efecto multiplicador del 2 % de los familiares y amigos que les visitan. «Generan más de 600 millones de euros anuales en España, en gastos directos e indirectos», señala citando un informe patrocinado por el Ministerio de Economía.
Uno de los principales problemas a los que se puede enfrentar es la posibilidad de que estas trabas provoquen un efecto disuasorio para venir a España ante otros países en los que haya menos problemas. «Existe el riesgo de que a los que se les impida venir a España por este Reglamento de Extranjería opten por aprender español en los países más cercanos de Latinoamérica», recalca.
«La Universidad de Salamanca ha enviado una carta junto a la Asociación de Programas Norteamericanos en España (Apume) a los ministerios de Asuntos Exteriores, Educación, Ciencia, Inclusión y Presidencia porque necesitamos que nos aclaren el Reglamento actual y den una respuesta a la desorganización actual. Hemos pedido una moratoria». El consejero delegado de Cursos Internacionales de la Universidad, José Miguel Sánchez Llorente, califica la norma de «imposible de cumplir». «Solo puede ser fruto de un fallo o un error por eso creo que, aunque estemos todos nerviosos, ha sido una bomba en la que esperemos que la onda expansiva logre parar o solucionar esta norma».
Sánchez Llorente considera que el daño en Salamanca «es menor» que en otras universidades ya que no existe una dependencia de un solo país ya que hay 80 nacionalidades distintas, pero ve necesario que se tomen medidas para que ningún estudiante que quiera hacerlo en la Universidad de Salamanca se quede sin hacerlo por la burocracia.
Entre las incongruencias, reconoce que «no tiene sentido» que los estudiantes tengan que acreditar haber pagado una matrícula de la que aún no se conocen ni las asignaturas que van a cursar y de la que ni siquiera se han abierto los plazos de matrícula. «Es como si a un estudiante que no ha hecho aún la PAU le pidieran que pagara la matrícula de una universidad que aún no ha abierto el proceso», detalla.
También llama la atención sobre la situación del seguro sanitario o la aplicación diferente, en función de cada consulado. «Nadie entiende que se pida cogerlo con antelación y posterioridad al tiempo de viaje con el dinero que eso implica: tener un accidente en Wisconsin con los gastos cubiertos en Salamanca».
Otra de las condiciones más llamativas es la necesidad de que los estudiantes que acudan a España deben hacerlo en instituciones regladas para la formación del español, acreditadas por el Instituto Cervantes. «No tiene ningún sentido porque la Universidad de Salamanca tiene ocho siglos de historia de tradición en formación por lo que no necesita esa acreditación», reconoce Sánchez Llorente, aunque aclara que el traslado de estas quejas ha hecho que este requisito aún no se esté aplicando.
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