El exceso de reclusos y la política laxa de Interior, tras la escalada de la conflictividad en Topas

Sin incluir los ataques y amenazas verbales, que se repiten casi a diario, son, al menos, nueve las agresiones físicas a funcionarios que se han registrado este año en el centro penitenciario de Topas. Son tantas como en todo 2024 y la gravedad de la mitad de ellas ha conllevado la apertura del Protocolo de Actuación Frente a Agresiones (PEAFA), que ofrece apoyo psicológico y jurídico al personal que lo sufre. En poco más de año y medio estos incidentes se han duplicado respecto a ejercicios anteriores, en una escalada de conflictividad provocada no solo por un incremento de la población reclusa en más de un 60 %, sino también por un perfil más agresivo de los nuevos internos trasladados desde otras cárceles de España, entre los que destacan numerosos extranjeros en situación de completo desarraigo y «sin nada que perder», según aseguran los representantes sindicales de los trabajadores. «La forma que tienen de sobrevivir en el centro es extorsionando», inciden.

Aunque lejos aún de los niveles de saturación que se alcanzaron en 2002 con cerca de 1.800 internos, el centro penitenciario ha visto en los dos últimos ejercicios dispararse su población. Hoy son 1.150, según fuentes de ACAIP-UGT, frente a los poco más de 700 de 2015 o 2020. Un incremento de un 60 % de la población interna lleva a que los nuevos reos compartan celda y genera un caldo de cultivo más proclive al enfrentamiento. A ello hay que sumar que ante la oportunidad de trasladar presos a las instalaciones de Topas, los directores de otros centros penitenciarios, con el visto bueno de la Secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias, se «quitan de encima» a los internos más conflictivos que tienen y los envían a Salamanca, coinciden tanto desde ACAIP-UGT como desde CSIF. Así, desde las prisiones del País Vasco, a las que se han trasladado los terroristas de ETA gracias a la política de acercamiento de presos. «Con la transferencia de las competencias, allí están haciendo un sistema penitenciario a su media y desprendiéndose de los internos que no les gustan», comentan desde los sindicatos. Pero también han llegado muchos presos desde las cárceles del resto de España en las que se están acometiendo obras, como la de Badajoz, así como desde otras que están más saturadas, han llegado reclusos muy agresivos. «Cuando en Madrid, donde hay siete prisiones, dan problemas, se les traslada a Salamanca y siempre eligen para eso a los peores», explican los representantes de los trabajadores.

Son cuatro módulos, con más de un centenar de internos cada uno, los que pueden considerarse «nocivos», en los que se producen «los desórdenes colectivos más graves». En ellos se concentran los internos de segundo grado, de los que, según CSIF, casi la mitad tienen un perfil agresivo. «Muchos tienen antecedentes más que suficientes como para encontrarse en aislamiento, en primer grado, donde, sin embargo, se encuentran poco más de una decena», señalan desde ACAIP-UGT. Del casi medio millar de personas internas en esos módulos, cerca de un 20 % contarían con expedientes suficientes como para pasar al régimen cerrado. Ambas formaciones acusan a Instituciones Penitenciarias de estar detrás de este incremento de la conflictividad por su «buenismo» y por mantener el segundo grado a reos que exigirían unas medidas más severas. «Cuando introduces personas violentas en módulos de segundo grado alteras la normalidad y los presos se ven envueltos en peleas», señalan. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo desde hace meses en el centro penitenciario. La conflictividad, y con ella las agresiones a los funcionarios, se han incrementado hasta duplicarse.

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