Empleos en B: 577 destapados en un año y solo son una parte

Durante tres años consecutivos, el propio Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha concluido su informe sobre Salamanca alertando de que, tras la falta de trabajadores en numerosos sectores, se encuentra una «economía sumergida, que provoca que muchos profesionales no estén integrados en un mercado laboral regulado». «Como la espuma» han crecido, según señalan fuentes de Cáritas, los empleos en B en los últimos años. Pese a que la Inspección de Trabajo ha reducido sus actuaciones en la provincia un 31% en la última década, cada semana localiza una media de once personas que realizan trabajos sin estar dadas de alta en la Seguridad Social. Fueron 577 los casos destapados en todo 2024, un 6% más que en el ejercicio anterior, pese a que las visitas cursadas se redujeron un 42%. Pero son solo una parte, una parte pequeña según empresarios y organizaciones humanitarias. Aseguran que, ya sea por necesidad extrema, por sumar ingresos a la prestación por desempleo o al Ingreso Mínimo Vital (IMV) o por ahorrarse el pago de impuestos, los trabajos que se realizan sin cotizar en la provincia son muchos más. Prueba de ello es que cada año el Estado detecta más de medio millar de nuevos casos y, tras más de 6.500 denunciados en la última década, el empleo sumergido continúa aflorando, tal y como recogen las memorias anuales del Consejo Económico y Social de Castilla y León.

Es precisamente en los sectores en los que más carencia hay de profesionales donde más parece proliferar el empleo sumergido. «Se está disparando cada vez más en el cuidado de mayores, dentro de lo que consideramos empleadas del hogar», asegura la responsable de Acogida de Cáritas Diocesana, Oliva Martín, a partir de la información que desde la confianza reciben de las cientos de personas que solicitan ayuda a la organización. «Tradicionalmente era un ámbito en el que las mujeres españolas conseguían un sobresueldo que llevar a su casa; pero ahora hemos convertido el trabajo en B en lo normal para todas las personas irregulares», incide. También la construcción concentra gran parte del trabajo en B. Aunque los empresarios del sector señalan que en Salamanca se ha reducido por el mayor control de los escombros que se producen en obras y reformas, Cáritas sí detecta entre quienes no tienen papeles o viven muy justos de recursos un incremento de quienes se ofertan como pintores, electricistas, fontaneros o «chapuzas», tareas que apenas dejan rastro de residuos. En la ilegalidad funcionan también en Salamanca gimnasios, peluquerías, academias de enseñanza y centros de estética clandestinos, según incide la patronal CES, que también apunta a la presencia de trabajadores irregulares en el sector agroganadero.

No es posible saberlo con seguridad. Los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y relativos al segundo trimestre, cifran en 144.300 el número de personas que tienen trabajo en Salamanca. Frente a ello, la Seguridad Social cuantifica a finales de junio en 132.133 la cifra de afiliados. Hay una diferencia de más de 12.000 personas, un dato que tampoco aporta mucha fiabilidad y que no tendría en cuenta a quienes compatibilizan sus empleos como asalariados, por los que están dados de alta, con trabajos que realizan fuera del horario laboral y cobran «en negro». «Nuestra experiencia nos dice que es prácticamente imposible aportar datos concretos y fiables sobre la economía sumergida», señala la coordinadora del servicio de formación y empleo de Cáritas, María Elices.

No obstante, uno de los sectores donde más abunda el trabajo sumergido es el del hogar. Revelador resulta que, siendo, según el SEPE, uno de los empleos con más expectativas y una de las ocupaciones para las que más mujeres se contrata en Salamanca, la cifra de empleadas domésticas dadas de alta en el régimen especial que tiene para ellas la Seguridad Social se encuentra en las cifras más bajas desde 2012. Son varias las razones a las que la ONG católica atribuye esta situación: «por tradición o normalización cultural y social de no dar de alta en la Seguridad Social a la trabajadora del hogar; porque la Inspección de Trabajo no actúa en los domicilios privados; porque no hay obligación de registrar en ninguna administración el contrato de una empleada de hogar; por el incremento del coste de la vida, que hace difícil cubrir el gasto real que supone una empleada de hogar; por el aumento en las cuotas de la Seguridad Social que los empleadores tienen que pagar; porque las pensiones de algunas personas que necesitan una cuidadora no cubren el coste de la contratación (salario y seguridad social mensual)…». También alude a la proliferación de empresas privadas del sector, para las que reclama un mayor control público ante los «abusos y engaños» por parte de algunas de ellas en los últimos años.

A la mayoría de los inmigrantes sin papeles que llegan a Salamanca no les queda más remedio que moverse en la economía sumergida. En la mayoría de los casos, tienen dos opciones: trabajar sin contrato o no trabajar. «En una situación de necesidad como esa, cualquiera se agarra a un clavo ardiendo. Y hay quien aprovecha esa vulnerabilidad para abaratar servicios. Pero el coste de la vida no se abarata. Todo esto tiene unas implicaciones personales y familiares», subraya Oliva Martín. «Las consecuencias para sus derechos laborales, su protección social y la contribución al sistema público de la Seguridad Social y de empleo son devastadoras y aumentan el riesgo de exclusión, la precariedad y la vulnerabilidad que sufren, impidiéndoles llevar una vida digna», añade Elices.