Las empleadas del hogar 'legales', en mínimos ante el aumento de los trabajos en negro

Es la novena ocupación para la que más mujeres se contratan en Salamanca y la décima entre los mayores de 45 años. El Servicio Público de Empleo la situaba entre los empleos con más expectativas de contratación en la provincia en 2023. A pesar de la alta demanda que existe, la cifra de empleadas de hogar dadas de alta en la Seguridad Social —el 97,5 % son mujeres— se encuentra en mínimos. Los 2.266 afiliados dados de alta en el Régimen Especial de Empleados del Hogar el pasado agosto representan la cifra más baja desde hace más de una década, concretamente desde junio de 2012. Fue a principios de 2013 cuando se alcanzó la mayor cifra de trabajadores con esta ocupación, casi 3.000. Desde entonces, pero muy especialmente desde 2019, su número no ha dejado de descender.

«Sí, estamos notando y padeciendo esa disminución de oferta. En lo que llevamos de año», apunta Ana Domínguez García, técnico de intermediación laboral de Cáritas Salamanca. Calcula que en lo que va de año y a diferencia de ejercicios anteriores más de medio centenar de familias a las que la organización diocesana ha asesorado para la contratación de una empleada del hogar conforme a la legislación vigente se han marchado para casa diciendo que se lo pensarían sin que finalmente hayan llegado a hacerlo, si bien otras muchas sí lo han hecho. «Una de las principales variables es que hay más economía sumergida de la que existía porque, por un lado, se han elevado el salario mínimo interprofesional (SMI) y las cuotas a la Seguridad Social, y también porque el coste de la vida ha subido», explica esta experta conocedora del sector. «Influye también que hay más gente dispuesta a trabajar en esa economía sumergida, porque cobran una prestación que no quieren perder», apunta. Por otra parte, también han proliferado las empresas que acaparan parte del mercado, apunta Irene Fernández, secretaria provincial de la Federación de Servicios Públicos de UGT, quien comparte los argumentos e insiste en que, al elevarse los costes, muchas familias han reducido también las horas de contrato, aunque en muchos casos reciben los mismos servicios.

Por una persona que trabaja menos de nueve horas en la semana, la técnico de Cáritas estima que los gastos de cotización para asegurarla rondan los 63 euros al mes, mientras que, si tiene jornada completa y cobra por tanto el SMI, serían más de 300.

Una de cada cuatro personas que trabajan como empleadas de hogar en la provincia son extranjeras. Conforme a los datos de agosto del INSS, un 26 % no son españolas. Sin embargo, según Cáritas y UGT, este dato puede resultar engañoso, entre ellas se encuentran muchas mujeres de origen extranjero que han logrado la nacionalidad tras trabajar muchos años como empleadas de hogar o internas. Precisamente su necesidad de lograr papeles para quedarse en España fue uno de los principales impulsos que en su momento contribuyó a reducir una economía sumergida, que ahora ha vuelto a crecer. El pasado 10 de septiembre el Consejo de Ministros aprobó, a propuesta del Ministerio de Trabajo, un Real Decreto por el que se regula la protección de la seguridad y la salud en el ámbito del servicio del hogar familiar. Si bien esta norma pone fin a un agravio histórico a este sector feminizado, también implica una serie de servicios que el contratador debe ofrecer y que, si se ofrece una vía fácil para cumplirlos, puede llevar a que más familias opten por dar de baja a las trabajadoras que tienen ya o a recurrir a esa economía sumergida en crecimiento. Según el texto normativo, la persona empleadora deberá realizar una «evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud» de la trabajadora y adoptar las medidas preventivas necesarias para eliminar o reducir los que se detecten. Según cuáles sean los riesgos identificados, tendrán que adoptar las medidas adecuadas para eliminarlos, reducirlos o prevenirlos. Por otra parte, las empleadas del hogar tendrán derecho a un reconocimiento médico voluntario, al menos, cada tres años. Es el Ministerio de Sanidad el que debe garantizarlo sin ningún coste extra para el empleador.

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