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Martes, 13 de diciembre 2022, 11:57
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Castilla y León pasa a ser desde este martes la segunda comunidad autónoma con el tipo mínimo más bajo en el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas con la entrada en vigor de la Ley 2/2022 de rebajas tributarias que ha sacado adelante la Junta de Castilla y León. Pero la bajada de un 5,3% en el primer tramo del IRPF es tan solo una de las medidas que incluye.
El impacto de esta Ley en la provincia supone, según las estimaciones de los técnicos de la Consejería de Economía y Hacienda, que el ahorro para los salmantinos rondará el próximo año los 4,5 millones de euros.
La bajada del IRPF en el tramo autonónimo beneficiará a todos los contribuyentes de la provincia. Con efectos retroactivos y desde el pasado 1 de enero, el tipo aplicable al primer tramo se reduce del 9,5 al 9, una bajada del 5,3%.
¿Qué supone a efectos prácticos? Salvando las diferentes casuísticas que puedan existir, implica que de los primeros 12.450 euros que un trabajador haya cobrado este año o que vaya a ingresar en los próximos ejercicios la parte autonómica del impuesto se reduce de 1.182,75 a 1.120,5 euros, es decir, se produce una reducción en 62,25 euros. En términos relativos, esta rebaja es mayor para las rentas más bajas —siempre que superen los 21.000 euros ya que hasta esa cuantía están exentas de este tributo—, mientras que su impacto disminuye para los contribuyentes con mayores ingresos.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que, con las subidas salariales que se están produciendo para tratar de compensar el aumento del coste de la vida, la rebaja de la Junta puede verse “engullida” precisamente por la subida tributaria encubierta que conlleva la propia inflación. El incremento de las retribuciones no solo lleva aparejado un aumento del IRPF, sino que en algunos casos supone que los trabajadores o incluso los pensionistas sufran un porcentaje mayor de retención al haber pasado a un tramo superior.
Por otra parte y ante la pérdida de población que viven provincias como Salamanca, la Ley amplia las medidas para favorecer la natalidad en el mundo rural. Así, los contribuyentes que residan en municipios de menos de 5.000 habitantes podrán deducirse en el IRPF por nacimiento o adopción entre 1.420 y 3.300 euros, un 40% más que en los casos en los que los progenitores residan en localidades más populosas. De esta forma, Castilla y León se consolida como la comunidad con mejores ventajas fiscales para la natalidad y la familia en el medio rural, tal y como esgrimió el consejero Carlos Fernández Carriedo durante el debate de esta Ley en las Cortes.
Entre otras medidas, como vía de apoyo fiscal al sector agrario en el medio rural y para facilitar el relevo intergeneracional en este sector, la Junta reduce la tributación por el cambio de titularidad de las explotaciones agrarias e incluye una bonificación del 100% de la cuota del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para los arrendamientos de fincas rústicas a agricultores profesionales.
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