CSIF: «Integrar a los mutualistas salmantinos en Sacyl costaría 11 millones y no se puede hacer a las bravas»

El sindicato CSIF se ha echado a la calle en toda España para lanzar dos exigencias al Gobierno: que se siente a negociar con ellos cómo recuperar ese 20% de poder adquisitivo perdido desde 2010, y dar «una solución inmediata» al problema de Muface, que tiene a más de 1,5 millones de empleados en público en vilo. Al mismo tiempo, han aprovechado para guardar un minuto de silencio por todos los afectados a causa de la DANA.

En el caso de Salamanca, CSIF se concentró frente a la Subdelegación del Gobierno. Decenas de funcionarios encabezados por el líder autonómico -Benjamín Castro- y el presidente provincial -Federico Martín- que aportaron los detalles de sus reivindicaciones.

«Hemos perdido un 20% acumulado de poder adquisitivo porque en 2010 se nos recortó el suelo una media del 10%, pero además se destruyó estructura salarial de los funcionarios públicos, por lo que exigimos al Gobierno sentarse a negociar un acuerdo para reconstruir ese salario. Por otro lado, el refuerzo de plantillas es imperativo: las tasas de reposición no han dejado reponer todos los efectivos necesarios y es importante una oferta de empleo público ambiciosa para el año 2025», expuso Crespo.

Respecto al concierto de Muface, que presta la asistencia sanitaria a 1,5 millones de funcionarios en España, los representantes de CSIF recordaron que ha quedado desierto, y, por lo tanto, hay miles de familias que no saben a dónde acudir en el caso de enfermar a partir del 1 de enero. Federico Martín recordó que «en Salamanca hay más de 17.000 funcionarios» y apuntó que miles de ellos ya optaron por recibir la asistencia sanitaria a través de Sacyl, por lo que el actual conflicto afectaría «a más de 11.000 salmantinos». Martín aporta otro dato más y es que, en el caso de tener que pasar a todos esos funcionarios al sistema nacional de salud «solo en Salamanca supondría un gasto anual extra para el Sacyl de 11 millones de euros».

La central sindical apunta que «la clave es saber si el Gobierno piensa que el mutualismo administrativo está agotado. Si es así, deben plantear cómo hacer la integración en la sanidad pública porque no puede ser a las bravas. Perjudicaría a todos los ciudadanos, no solo a los funcionarios». «Nosotros creemos que no es así, que es rentable y que ha funcionado durante mucho tiempo», concluyen.

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